martes, 30 de agosto de 2011

Reflexiones a Bote Pronto: Explicación Simple para Oponerse a la Reforma Constitucional

    Imaginémonos un pequeño pueblo que tras un cataclismo se queda en la más absoluta pobreza. Es decir, entra en una gran crisis económica. Como nadie tiene dinero, nadie puede tener ninguna actividad económica y nadie tiene ingresos. Los habitantes se reúnen y deciden pedir un préstamo al pueblo de al lado incurriendo, por tanto,  en déficit, ya que ahora deben dinero y no tienen ningún ingreso. Con ese dinero montan un gran hipermercado. Compran productos para venderlos en él y contratan trabajadores entre los habitantes del pueblo. Contratan cajeros, reponedores, encargados de mantenimiento, encargados de compras, vigilantes de seguridad, etc… Como los habitantes contratados tienen un sueldo, ahora pueden comprar productos en el hipermercado, con lo que este tiene ingresos y puede seguir comprando productos para vender. Y cuanto mayores son los sueldos de los trabajadores más productos compran, más productos puede vender el hipermercado y mayor es su beneficio. Como el hipermercado es de todo el pueblo (no privado) deciden destinar parte del beneficio a pagar la deuda y otra parte a servicios para los habitantes. Crean escuelas, hospitales, policía, bomberos, etc… Y, por tanto, contratan más trabajadores para esos servicios que, con sus sueldos, van a comprar también al hipermercado. En conclusión, gracias a que incurrieron en un déficit han conseguido reactivar su economía. Únicamente necesitaron invertir el dinero en una actividad que reportara un beneficio suficiente para pagar el interés del préstamo.

    Aplicado a la realidad de hoy, esa reunión de todo el pueblo sería el Estado, el hipermercado sería una empresa pública que invirtiera en le economía nacional y el pueblo de al lado sería el sector privado.

    Esto no es nada nuevo ni nada revolucionario. No es economía marxista ni mucho menos. Es lo que John Maynard Keynes teorizó en los años 30 para remontar la crisis de los años 20. Pero, ¿por qué ahora están haciendo todo lo contrario? Porque los mercados saben que esto no les conviene y hoy tienen un poder tan inconmensurable, muy superior al de los años 30, que son capaces de evitar que esto suceda. La plutocracia sabe que por cada inversión estatal tendrá un negocio menos del que lucrarse. Ellos quieren hacer negocio con todo, incluidos los servicios básicos. Negocio con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, etc… Es decir, en el pueblo del ejemplo querrían que fuera el pueblo de al lado quien directamente hiciera la inversión en el hipermercado. Pero eso sólo ocurriría si a este le interesara en su propio beneficio, no en beneficio del pueblo en crisis. Y, por supuesto, si los beneficios se invirtieran en servicios sólo se haría con ánimo de lucro, no con ánimo de mejorar la calidad de vida del pueblo. Por tanto, los habitantes tendrían que pagar por sus servicios básicos.

   Hoy, en el pueblo España, están intentando (y probablemente conseguirán) asegurarse que el Estado retrotraiga aún más su intervención en la economía y que lo haga de manera definitiva. De ahí la actual reforma constitucional que pondrá en manos de la Unión Europea el tope de déficit. Como el Estado verá muy limitada su capacidad de inversión, cada vez tendrá menos ingresos provenientes de la empresa pública, que a su vez repercutirá en una merma aún mayor de su capacidad de inversión. Únicamente podrá aumentar sus ingresos mediante los impuestos. Pero como la economía cada vez dependerá más de las manos privadas, estas tendrán más capacidad para obligar al Estado a doblegarse a su voluntad. Por tanto, seguramente, los impuestos acaben gravando más a los que menos tienen. Y, por si esto fuera poco, el estrecho margen de déficit que se permitirá será la prioridad de pago constitucional frente a los servicios sociales básicos, favoreciendo así su privatización.

    En definitiva, la reforma constitucional que se está debatiendo en nuestras cortes es la vuelta de tuerca definitiva para poner al país de rodillas ante la oligarquía financiera. Es la muerte casi absoluta de la poca democracia que nos quedaba. Como en el pueblo del ejemplo, tenemos dos alternativas: quedarnos quietos esperando una indigna muerte o reunirnos en plaza pública y tomar las riendas de nuestro destino. Misión difícil pero obligada.

lunes, 29 de agosto de 2011

Texto de la Reforma Constitucional

    Reproduzco el texto de la reforma constitucional pactado entre el PP y el PSOE. Puede que tenga algún mínimo cambio aún. Pero, salvo sorpresa monumental, el texto será algo muy parecido a esto y sin referendum de por medio. La valoración la reservo para una posterior reflexión a bote pronto, aunque imaginaréis que no es para nada positiva.


    El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue: "1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

    3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

    El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

    4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

    5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

    b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

    Disposición adicional única

    1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012. 2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3. 3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

    La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España".

martes, 23 de agosto de 2011

España y el Vaticano: 7 Años de Desencuentros

El Papa Benedicto XVI clausuró ayer la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Un encuentro que reunió a más de un millón de jóvenes católicos llegados de todo el mundo pero que no estuvo exento de polémica. También podría haberse cerrado un periodo de la historia de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno español marcado por la confrontación desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero.



La controvertida visita del Papa Benedicto XVI a España ha concluido con un llamamiento al cierre de filas en torno a la Iglesia. "Seguir a Jesús en la fe es caminar con él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguirlo en solitario” afirmaba el pontífice en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El encuentro ha estado salpicado por una gran controversia social en torno a su financiación, derivando en fuertes protestas laicistas y enfrentamientos entre peregrinos y manifestantes, así como cuestionables actuaciones policiales que están siendo objeto de investigación.

Las numerosas manifestaciones laicistas que se produjeron en Madrid durante la semana pasada reclamaban la ausencia total de financiación pública en una celebración que consideraban un acto privado. Desde la organización de la JMJ, así como desde las autoridades, se señaló que las instituciones españolas no han aportado ni un solo euro al evento, asegurando que su financiación corrió a cargo de los peregrinos en un 80%, cubriéndose el 20% restante mediante la participación de empresas privadas. Así todo, los críticos denuncian los costes derivados de la cesión de centros educativos públicos para la pernoctación de los peregrinos que han recorrido toda la geografía española desde días antes al comienzo de la JMJ. Igualmente, censuraron los descuentos en los pasajes del metro de Madrid, la organización de uno de los mayores operativos policiales de la historia de España y la participación en los actos de cuerpos del ejército como la Legión y la patrulla aérea Águila, esta última suspendida por cuestiones meteorológicas.

Una visita polémica y controvertida, tanto como lo han sido las relaciones entre el Vaticano y el gobierno español desde el ascenso a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Unas tensas relaciones que no han sido pasadas por alto por el pontífice que, en su interrumpido discurso del sábado en el aeródromo de Cuatro Vientos, atacó a las leyes que “ponen en duda la dignidad inestimable de la vida”. Para Benedicto XVI "una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana”. Una crítica que, sin citarla, estaba claramente dirigida contra la legislación española en materia de aborto o de muerte digna, esta última aún en tramitación. Estas leyes son sólo dos de los muchos y profundos desencuentros habidos entre el gobierno de Zapatero y la jerarquía eclesiástica.

CRÓNICA DEL DESENCUENTRO

El primer gran choque entre Madrid y el Vaticano se dio en 2005 cuando el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que reformaba el Código Civil español, permitiendo el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo y todas las consecuencias derivadas del hecho matrimonial, es decir, la adopción conjunta, la herencia y la pensión de viudedad. En consecuencia, se producía una equiparación total entre el matrimonio heterosexual y homosexual. El Partido Socialista daba así cumplimiento a una promesa electoral que situó a España en vanguardia mundial en materia de igualdad de derechos del colectivo gay y lésbico.

Por aquel entonces, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, Director del Pontificio Consejo para la Familia, declaraba que la ley española “cambiaba y falsificaba la definición de matrimonio”, una institución que “se estaba destruyendo”. Igualmente, arremetió contra el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo declarando que “destruye el futuro de los niños” que de esta manera “sufren violencia moral”.

Poco tiempo después, en ese mismo año de 2005, llegaría el segundo desencuentro, con la legislación que daría paso a lo que se conoció como “divorcio express”. Entre otras reformas, la nueva reglamentación para la ruptura matrimonial agiliza el proceso, eliminando la obligatoriedad de separación previa y reduciendo de un año a 3 meses el tiempo que ha de transcurrir desde la celebración de las nupcias. Esta nueva reglamentación se enmarca dentro de la política contra la violencia de género, pretendiendo de esta manera eliminar situaciones potencialmente peligrosas para las mujeres maltratadas. Una legislación que para la Conferencia Episcopal Española traerá “más divorcios y más sufrimiento. Porque la Ley no parte de una buena concepción antropológica del matrimonio como institución social fundamental, sino más bien de una ideología individualista que lo reduce a un mero contrato entre particulares”.

En 2006 el gobierno aprobaba el texto del proyecto que en 2007 se convertiría en la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida por “Ley de Memoria Histórica”. A pesar de ser una ley muy criticada por las asociaciones memorialistas, calificándola alguna de ellas como una ley de punto final, tampoco dejó conformes a los sectores más conservadores de la sociedad española, entre ellos la propia Iglesia.

En la instrucción pastoral publicada entonces por la Conferencia Episcopal se declara que “una utilización de la memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados. Estas medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino más bien un retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia”.

La jerarquía eclesiástica tampoco quedó indiferente ante las negociaciones abiertas entre el gobierno español y la banda terrorista ETA a raíz de la tregua declarada por esta en el año 2006, que saltarían por los aires con el atentado de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Para Juan Antonio Martínez Camino, Secretario de la Conferencia Episcopal, "ETA no es una interlocutora legítima para nadie y no es moral que los asesinos puedan sentarse a una mesa como interlocutores políticos para negociar con representantes del Estado legítimo".

En ese mismo año se aprobaría la nueva ordenación del sistema educativo mediante la Ley Orgánica de Educación, que volvió a desatar la polémica en torno a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Esta asignatura pretende promover entre el alumnado “una sociedad libre, tolerante y justa”, siguiendo las orientaciones del Consejo de Europa. Pero para la Conferencia Episcopal “tal disposición implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos”.

En 2010 se producirán los episodios de mayor confrontación con los sectores más conservadores de la sociedad española liderados por la Iglesia, a raíz de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, una de las más avanzadas del mundo. Esta ley despenaliza totalmente el aborto durante las 14 primeras semanas de embarazo y hasta la 22 en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto. En el caso de mujeres de 16 y 17 años se recoge que podrán interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno e incluso sin informar a sus progenitores en caso de que pueda suponer un conflicto familiar. Además, se garantiza que la sanidad pública practicará o financiará en centros privados la interrupción del embarazo.

Esta ley desató las iras de la jerarquía eclesiástica como pocas veces se había visto desde el fin de la dictadura franquista. En la declaración al respecto de la Conferencia Episcopal Española podía leerse que esta legislación es un “serio retroceso en la protección de la vida” que “otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado”. Tal fue la preocupación de los obispos que no dudaron en participar e incluso convocar a una movilización por las calles de Madrid en contra de la nueva ley.

La jerarquía católica sí consiguió una victoria sobre el gobierno de Zapatero en la batalla en torno al proyecto de nueva Ley de Libertad Religiosa, que pretendía profundizar en la neutralidad religiosa del Estado. Una ley que el gobierno acabó por descartar ante la oposición de la Iglesia y la derecha política y que la izquierda consideraba insuficiente.

Hoy la confrontación continúa en torno a la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, actualmente en trámite parlamentario, que regulará el derecho de los pacientes terminales al uso de sedaciones y a la renuncia de tratamiento médico aunque esto pueda acelerar la muerte. Los obispos españoles se oponen a esta ley argumentando que "podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas".

Todos estos encontronazos llevaron al propio Benedicto XVI a declarar en 2010 que en España se estaba desarrollando "un laicismo, un anticlericalismo y un secularismo fuerte y agresivo" como el que se desarrolló "a partir de los años 30, cuando los católicos fueron perseguidos". Estas afirmaciones desataron un aluvión de críticas ante lo que se podría considerar como una justificación del levantamiento fascista contra la II República y la posterior dictadura franquista.

UN FUTURO MÁS CORDIAL

Pero no todo han sido desencuentros. A pesar del compromiso de autofinanciación de la Iglesia, la realidad es que hoy son 6000 millones de euros los que anualmente recibe la institución católica, sin vislumbrase la concreción de la autofinanciación a corto o medio plazo. Es más, durante el gobierno de Zapatero, la asignación a la Iglesia en el impuesto de la renta aumentó en un 37%, cosa ampliamente criticada por la izquierda española y sectores laicistas.

En otro sentido, y al margen de la polémica sobre su financiación, la celebración en España de la Jornada Mundial de la Juventud es un ejemplo más del acercamiento entre Madrid y el Vaticano. Es evidente que sin la colaboración de las administraciones públicas españolas el acontecimiento jamás podría haberse producido. Y en este marco podrían haberse establecido las bases de unas futuras relaciones más cordiales entre el gobierno español y la Iglesia Católica.

De hecho, el Ministro de la Presidencia español, Ramón Jáuregui, aprovechó la ocasión para iniciar con el Secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, la negociación sobre el futuro del Valle de los Caídos. La basílica, símbolo de la represión franquista y lugar dónde residen los restos del dictador Francisco Franco y del fundador del fascismo español José Antonio Primo de Rivera, es gestionada por una comunidad de monjes benedictinos. El gobierno, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pretende exhumar los restos de ambos y convertir el conjunto monumental en un espacio para la memoria. Pero anhela hacerlo de manera consensuada, evitando así un nuevo y polémico enfrentamiento con la Iglesia.

Benedicto XVI y la jerarquía eclesiástica son perfectamente conscientes de que no sólo estamos asistiendo a los estertores del gobierno de Rodríguez Zapatero, sino muy probablemente al final del Partido Socialista en el poder. Si en la cita electoral de Noviembre sucede lo que todas las encuestas anuncian, la derecha conservadora tomará las riendas del país bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, con quien el Papa Ratzinger también se ha reunido en estos días. A partir de ese momento se recuperará la casi perfecta sintonía de antaño y sólo quedará por descubrir el grado de compromiso del Partido Popular para recular en las legislaciones más polémicas. Hasta la fecha, el líder conservador ha anunciado que un hipotético gobierno con él al frente derogaría el matrimonio homosexual, la actual ley de aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Está por ver si la sociedad española se lo permitirá.

domingo, 7 de agosto de 2011

Reflexiones a Bote Pronto: El Paraiso Asturiano se Paga

    Vivir en el paraíso se paga… y vaya si lo estamos pagando este año. No es que los asturianos necesitemos largas semanas de sol ardiente ni de temperaturas más cercanas a los 40 grados que a los 30, pero al menos tener una estación que merezca el nombre de verano no estaría mal. Porque, más que verano, este año hemos disfrutado de un benigno otoño que adelantó su inicio 3 meses. Y si en algún momento hemos vivido en una verdadera época estival, esta se ha circunscrito a 3 o 4 días repartidos de mala manera. Con lo cual hemos tenido que entregar, una vez más, nuestro periodo de asueto estival a la forma de veraneo que nos ha hecho famosos, a saber, comer y beber hasta la extenuación. Aunque, sinceramente, tampoco es un mal plan.

    Como decía, vivir en el paraíso se paga y así es como lo pagamos los asturianos. La perfecta combinación de alta montaña, naturaleza verde, playa y clima suave, reunido todo ello nuestros poco más de 10000 kilómetros cuadrados, y de lo que disfrutamos 365 días al año, trae su factura en forma de lluvias incesantes, casi eternos días grises y un constante frescor ambiental que se extiende hasta el pleno verano. Por ello, este humilde gestor de este poco exitoso blog, haciendo uso de su escaso tiempo libre, se agarra unos días y se cruza la península por la histórica arteria romana de la Ruta de la Plata, en busca de eso que llamaban verano. De él saben mucho en la ciudad del olor a azahar. Cambio, sólo temporalmente, la sidra por el rebujito, la fabada por el gazpacho y, sobre todo, este otoño adelantado por el más genuino y abrasador verano. Y, para que sanamente me envidiéis, os dejo un par de videos, para que sepáis de dónde parto y hacia dónde voy. Hasta dentro de una semana mis escasos, pero ilustres, lectores.



martes, 2 de agosto de 2011

Reflexiones a Bote Pronto: Golpe de Estado Financiero Permanente

    Es hora de ir poniendo nombre al momento histórico que estamos atravesando. La constante incertidumbre sobre las economías de los países denominados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) es un fenómeno que va más allá de la pura crisis económica. Porque las tensiones que hacen tambalearse, día sí día también, las economías nacionales son fenómenos perfectamente planificados, con ejecutores perfectamente identificables. No nos engañemos, detrás de esa especie de dioses vengativos y castigadores a los que se llama “mercados” hay grandes oligarcas y compañías transnacionales, cuyo poder es tan inconmensurable que la lista de verdugos de nuestras cuentas no sería muy larga. Con sólo escarbar mínimamente detrás de las famosas agencias de calificación Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, que se han erigido en jueces y partes del negocio mundial, obtendríamos datos muy clarificadores.

    Los fenómenos de estos últimos meses ya no son situaciones incontrolables, únicamente son escenarios aparentemente arbitrarios a los cuales siempre se les da la misma solución: recortes sociales, desregulación laboral, reducciones salariales, aumento de impuestos indirectos, etc… Siempre, de manera incesante como un martillo pilón, nos dan la misma receta para solucionar problemas que pocos meses después reaparecen, reapareciendo con ellos el mismo discurso. Qué triste es ver como un Ministro de la octava potencia mundial tiene que regresar apresuradamente a su país para poner en marcha estas recetas de un día para otro, ante el peligro de colapso de la economía italiana.

    Por tanto, no nos engañemos, no hay solución dentro de sus reglas. No hay solución porque no nos proponen soluciones, lo que nos proponen son sus objetivos perfectamente planificados de antemano y para los cuales se configuran determinados escenarios. Y eso, para nosotros, para los trabajadores y las clases populares, es profundizar en el problema.

    Ahora estamos pagando la factura por nuestra tibieza pasada ante la ola neoliberal. Una ola que a muchos nos cegó en Europa, metiéndonos en una vorágine consumista que parecía no tener fin. En pro de ello hemos arrasado con la ya deficitaria democracia surgida de la II Guerra Mundial y de las dictaduras militares que se finiquitaron en los años 70. Hemos puesto el control de nuestras economías en manos de unos dioses que, a pesar de tener nombres y apellidos, llamamos mercados. Y les dimos las llaves de las ya laxas cadenas con las que un día tímidamente los sujetamos. Ahora pareciera que esas mismas cadenas aprietan las manos trabajadoras de toda Europa, exprimiendo como nunca para mayor gloria de la competitividad y el beneficio. Hoy, como antaño, sólo tenemos que perder nuestras cadenas. Despertemos y atrevámonos.

    No hay esperanza dentro los cada vez más estrechos márgenes de esta ficción democrática. La única manera de construir algo a lo que pueda llamarse democracia, sin causar sonrojo, es recuperando la soberanía económica. Para ello hay que romper con ciertas instituciones, en lo que sería el acto político destructivo más creador de esperanza. Hay que romper de manera incuestionable con el Fondo Monetario Internacional y dinamitar esta Europa de los mercados llamada Unión Europea, para comenzar a hablar de una Europa de los pueblos.  Mientras no transitemos por este duro, pero necesario, camino, seguiremos sufriendo las consecuencias de un periodo histórico que podríamos denominar como Golpe de Estado Financiero Permanente.

jueves, 28 de julio de 2011

Reflexiones a Bote Pronto: Yo Soy Semanero

    Todo aquel que me conoce sabe que hasta hace unos meses residí en Buenos Aires. Muchas de las personas que allí conocí lo primero que me preguntaban al saber mi nacionalidad, como seguramente le suceda a todo español que llegue a la capital argentina, era si provenía de Madrid o Barcelona o Sevilla o Bilbao, etc… Tras unos cuantos infructuosos intentos tenía que ser yo el que orgulloso, aunque un tanto contrariado por el constante desacierto, señalaba “de Gijón”. En ese momento, la grandísima mayoría de mis interlocutores fruncían el entrecejo, miraban hacia el cielo y se tocaban la barbilla. Tras unos segundos de, hasta cierto punto, angustiosa espera, se solía suceder alguno de estos comentarios… “Ah sí, de ahí es donde vienen esos exquisitos turrones ¿verdad?”… ¡no se imaginan mi cara de desesperación! En el caso de los muy, muy, muy futboleros, que en Argentina abundan, acertadamente recordaban al equipo de mis amores, a mi Sporting, pero no tan a menudo como se pueden imaginar. Incluso uno de estos futboleros, un hincha de San Lorenzo de Almagro, con una gran sonrisa en su cara me dijo… “yo estuve en Gijón, tengo una foto en la playa del club del que soy hincha, ¡en la playa de San Lorenzo!”. El caso más curioso fue el de un ya longevo escritor, con el cual pude compartir una de las “Mesas de los Miércoles” del escribano Scarzo, que me señaló que en Gijón tiene un puerto… se trataba del Dr. Enrique Mussel.

    Este anecdotario introductorio viene a cuenta del otro aspecto que en Argentina vinculan con Gijón. En este caso se refiere a un par de devoradores de novelas negras que pude conocer por allá, los cuales se refirieron a la Semana Negra, de manera casi reverencial, al conocer mi lugar de nacimiento. Incluso uno de ellos poco después publicaría su primera novela policiaca, interrogándome sobre cómo podría hacer para presentarse al certamen gijonés.

    En definitiva, nuestro Gijón del alma transciende por confusión con Jijona, por alguna que otra coincidencia nominal, por el Sporting y por la Semana Negra. No pretendo hacer de esto una verdad estadística, únicamente es mi experiencia personal, pero como experiencia personal debe contar a la hora de establecer la verdad de un estudio científico. A partir de aquí, debemos reflexionar sobre el debate abierto en torno a la Semana Negra.

    La histórica polémica que hay en la ciudad al respecto de la Semana Negra es un absurdo, únicamente alimentado por la cortedad de miras de una rancia derecha política local. Su obsesivo interés en vincularlo con la izquierda sólo es entendible porque fue una administración del Partido Socialista quien la impulsó y desarrolló durante casi un cuarto de siglo. Pero ahora son ellos, la derecha más tradicional, los que tienen la oportunidad de seguir haciéndola crecer e incluso obtener réditos políticos si demuestran buen hacer. Es más, deberían ser conscientes que ese estúpido marchamo de “nido de rojos” que tiene la Semana Negra no pasa, a lo sumo, de sonrosaditos. Eso sí, ese cierto aire de libertad que se respira en el recinto da pie a que algunos rojos nos colemos de vez en cuando. Pero el problema hoy para los conservadores gijoneses es que su histórica cruzada “antisemanera” les pesa en el equipaje.

    Su oposición ha sido bandera bajo la cual han intentado defender los intereses de los nuevos ricos locales que, como nuevos ricos, no ven la hora de despegarse de la sucia plebe que, en su imaginario colectivo, perciben con olor a bocadillo de calamares fritos y cubalibre en vaso de plástico. Porque más que nuevos ricos, lo que verdaderamente son es poseedores de la conciencia de serlo, pero su billetera no les da para separarse suficientemente de la plebe, como si son capaces de hacer los verdaderos plutócratas, ya sean nuevos o viejos. Los históricos denunciantes de las incomodidades “semaneras” me recuerdan a los que ahora denuncian incomodidades en Chueca, un barrio prácticamente ruinoso que se ha convertido en referente mundial única y exclusivamente gracias al movimiento gay. Ahora, algunos, pretenden recortar las celebraciones de un movimiento que ha elevado enormemente el valor de mercado de los inmuebles de la zona. Pero de esto nadie se acuerda, como tampoco se acordarán sus homónimos gijoneses de las incomodidades medioambientales que generaba en la ciudad la actividad industrial de la que muy posiblemente se hayan beneficiado a partir de su desmantelamiento.

    Y el absurdo continúa, porque el interés que despierta en otras ciudades da cuenta de su potencial. Que ciudades de la talla de Barcelona o Milán sueñen con acoger el festival, como publica un diario de ámbito estatal, debería poner sobre aviso a las autoridades para hacer uso de su derecho preferencial como sede continua desde su nacimiento, porque si se trata de competir económicamente la batalla está perdida.

    Además de una seria reflexión sobre la oferta cultural de la ciudad que, como todo, es mejorable, también habría que reflexionar sobre la economía real y concreta de la ciudad. Se critica la proliferación incesante de chiringuitos que hay en la Semana Negra, convirtiéndose en uno de los aspectos que más atrae al público… ¿y qué? Si esta es una manera de acercar al público en general a la cultura, ¿tiene algo de malo? Porque cultura es novela negra, pero no sólo novela negra. También lo son los múltiples conciertos, las constantes charlas y debates, exposiciones y demás. Pero, incluso, si tampoco les acercara a la cultura, insisto, ¿qué tendría de malo?

    Llegados a este punto, los nuevos poseedores del bastón de mando local ¿conocen la realidad económica de Gijón? Más antigua que la propia Semana Negra es la desindustrialización de Asturias. A su vez, los falsos mitos del certamen gijonés compiten con el más falso de los mitos que ha vivido esta región… la reconversión industrial. Su ausencia ha hecho que la única alternativa económica que se ha dado a esta ciudad sea el turismo. Un turismo que ni vive ni vivirá jamás del sol y la playa. Vive de la gastronomía, de las barras de bar y de las noches interminables. Con todos los inconvenientes que, sin duda, trae, hoy por hoy es el único sector económico con cierto dinamismo en la ciudad. La Semana Negra es parte de ese dinamismo, al igual que la libertad de horarios nocturnos de los pubs que atraen a jóvenes de todo el norte de España, dejándonos sus buenos euros en bares, restaurantes y hoteles. ¿Será la alcaldesa Moriyón la que lo boicotee en plena crisis económica?

martes, 26 de julio de 2011

Fin de Semana de Indignación en Madrid

Indignados de toda España llegan a pie a la Puerta del Sol tras atravesar el país en lo que se ha conocido como Marcha Popular Indignada. Junto a ellos, miles de personas han recorrido las calles de la capital en una nueva y masiva protesta. Ciertos dirigentes políticos comienzan a incorporar algunas de las reivindicaciones del movimiento 15-M a su discurso. Observador Global conversó con una de las indignadas españolas.



Madrid y su Puerta del Sol han vuelto a centrar la atención del país durante este fin de semana. A lo largo del sábado llegaban a la capital las marchas que han estado recorriendo toda la geografía española durante el último mes. La primera de ellas comenzó su andadura el 20 de Junio en Valencia. Posteriormente arrancaron otras muchas desde sitios tan dispares como Barcelona, Santiago de Compostela, Gijón o Cádiz, entre otros. Empezaron siendo sólo varias decenas, pero durante el recorrido se han ido sumando más indignados, calculándose que han podido llegar a Madrid más de un millar. Allí se han juntado con los 300 autobuses fletados por las acampadas de todo el país.

El objetivo de las marchas no sólo era llegar a Madrid este fin de semana, sino también llevar el mensaje de los indignados a los pueblos, a la vez que se recababan las reivindicaciones específicas del mundo rural. Con ese fin, en toda localidad en la que han acampado para pasar la noche, han realizado una asamblea con sus vecinos en la plaza más céntrica del pueblo. Así el movimiento 15-M se ha ido enriqueciendo con la indignación de aquellos que sufren los bajísimos precios de los productos agrícolas, marcados por las grandes cadenas de distribución y comercialización, servicios de salud y educación deficitarios, infraestructuras insuficientes y deterioradas, limitaciones en el acceso a la telefonía móvil e internet y, en definitiva, el olvido de las instituciones hacia un mundo rural en decadencia. A su vez, con sorpresa y enorme orgullo, han ido recibiendo solidaridad por toda la geografía española, donde los lugareños les ofrecían su colaboración en forma de alimentos, aseos, espacios para pernoctar bajo techo y todo aquello que pudieran necesitar.

Una vez alcanzado Madrid y su simbólica Puerta del Sol, la actividad política y cultural ha entrado en estado de frenesí. El sábado a la noche realizaban una asamblea compartiendo las experiencias de las diferentes marchas y acampadas. Durante la mañana del domingo diversas asambleas debatieron nuevas acciones para el futuro, entre las que se barajan una movilización internacional en Octubre, la convocatoria de una huelga general y una marcha europea con final en Bruselas. También abordaron el cómo continuar con las acciones de paralización de los desahucios por impagos hipotecarios. Hasta el momento han sido más de 60 los que han evitado, pero en las últimas semanas la contundencia policial ha aumentado, consiguiendo que estos efectivamente se ejecutasen.

 En la tarde tuvo lugar la masiva manifestación, en la que decenas de miles de personas recorrieron las calles de Madrid bajo el lema “no es una crisis, es el sistema”, demostrando que el movimiento de los indignados sigue muy vivo. Una vez más pudieron verse y escucharse consignas como “¿por qué manda el mercado si yo no lo he votado?”, “esta crisis no la pagamos” o “peoples of the world, rise up”. También se evidenció el rechazo a la visita que el Papa Benedicto XVI realizará a Madrid en Agosto. Posteriormente la protesta se trasladó a los alrededores del Congreso de los Diputados que estaba fuertemente custodiado por efectivos policiales y en cuyos alrededores han pernoctado cientos de personas. Como colofón al fin de semana reivindicativo, hoy tendrá lugar en el Parque del Retiro el I Foro Social del 15-M, en el que se abordarán todo tipo de cuestiones políticas, económicas y sociales.

LA DIRIGENCIA POLÍTICA INTENTA UN ACERCAMIENTO

El movimiento de los indignados ya no es el protagonista principal de la actualidad política española. Pero lejos de desaparecer, parece estar viviendo una fase de consolidación después de su fortísima irrupción el pasado 15 de Mayo. Esto lo está convirtiendo en un actor político a tener en cuenta, en tanto que continúa siendo el principal canalizador de la protesta social frente a la crisis. De ello son conscientes los grandes partidos que, de una u otra manera, intentan beneficiarse de su poder movilizador.

La coalición Izquierda Unida siempre se ha mostrado cercana e incluso partícipe del movimiento de los indignados, lo que en ocasiones le ha valido el calificativo de oportunista a su líder Cayo Lara. Incluso desde las filas del conservador Partido Popular ha habido sorprendentes declaraciones intentando recoger parte del discurso del 15-M. Fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien se manifestó favorable a una reforma electoral que contemple las listas abiertas. Incluso en Mayo, en plena campaña electoral, llegó a asegurar que en Madrid la “entrega de llaves saldará la deuda” hipotecaria con las entidades bancarias. Esto desató un aluvión de críticas en su contra al ser una competencia que no tienen asignada las autonomías, lo cual tuvo que ser reconocido por la dirigente conservadora.

Pero, en las últimas semanas, quien más está intentado recoger futuros votos de entre los indignados es el recientemente designado candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. En un intento que para muchos se antoja desesperado, el ex vicepresidente busca recortar cuanto antes la gran ventaja que Mariano Rajoy le saca en los sondeos electorales, alguno de los cuales llega a situarla hasta en los 18 puntos. Así manifestó que “no hay que demonizar” a los indignados “pero tampoco regalarle los oídos” y que sus propuestas “merecen ser escuchadas”. Siguiendo esta línea ha lanzado dos propuestas que pretenden demostrar su sensibilidad hacia el 15-M. Una reforma que configure un sistema electoral “más proporcional y más cercano” y el establecimiento de una tasa bancaria porque “pronto será el momento de pedir a cajas y bancos que, de sus beneficios, dejen una parte para la creación de empleo.”

Ardua tarea es la que le queda por delante al candidato socialista, toda vez que los plazos podrían acortarse drásticamente. En condiciones normales las elecciones tendrían lugar en Marzo de 2012, pero muchos aseguran que José Luis Rodríguez Zapatero se verá obligado a convocarlas anticipadamente en torno a Octubre o Noviembre de este año. Incluso se especula con la posibilidad de que el propio Rubalcaba esté presionando en este sentido, calculando que una larga precampaña electoral, que dure hasta Marzo, le pueda perjudicar.

"NO AL DICTADO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL"

Entre los cientos de indignados que llegaron a pie ayer a Madrid y las decenas de miles que recorrieron sus calles se encontraba Marta Blázquez, una asturiana de 36 años, desempleada a pesar de tener concluidos sus estudios secundarios y varios cursos de formación específicos. Estos días de largas caminatas los considera una “experiencia brutal” al encontrarse con ”tanta gente que está luchando por lo mismo que uno”. En algunas localidades por donde pasaban “la gente se acercaba simplemente a agradecer la lucha”. Relata, no sin cierta sorpresa, que entre las reivindicaciones que emergían en las asambleas de los pueblos aún se encontraba el “simple acceso a agua corriente potable” además de otras como las “trabas de la Unión Europea al desarrollo de la agricultura ecológica” o “los bajos precios de los productos agrícolas”.

Cree necesario seguir el ejemplo de Islandia, es decir, “empezar a juzgar a los causantes de la crisis”. “Si especulan con el dinero de un país deben ser ellos quienes paguen”, afirma contundentemente. “Los gobiernos deben cumplir con su programa y no gobernar al dictado del FMI y los bancos”. Se muestra desconfiada de algunas propuestas lanzadas por dirigentes políticos como el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, cuya propuesta de crear una tasa bancaria la entiende como un acto de “populismo”.

Marta, en sintonía con el discurso del 15-M, reivindica el desarrollo de mecanismos de “democracia participativa como el derecho de petición” que se encuentra en la Constitución Española y el cual “queremos que se haga efectivo”.

Tras el intenso fin de semana, los indignados volverán a sus ciudades de origen con ánimos renovados para continuar la lucha. “Estamos desbordados de trabajo” nos asegura Marta, por lo que tenemos que “mejorar la comunicación entre las acampadas” para que “las acciones sean coordinadas en todas las provincias”. Su férrea voluntad se refleja en su último comentario: “tenemos que estar todo el día en la calle” sentenció.

lunes, 18 de julio de 2011

Reflexiones a Bote Pronto: ¡Guerra Civil en España! 75 Aniversario

    Hoy se cumplen 75 años del comienzo de una de las acostumbradas infamias de esta, nuestra aún madrastra, España. Hace tres cuartos de siglo, las fuerzas más reaccionarias del país, llevaban a término sus planes conspirativos contra el gobierno más avanzado que los españoles hemos podido disfrutar hasta el día de hoy. Únicamente los asturianos pudimos ser partícipes de un proceso aún más profundo que el de la segunda república, durante las escasas dos revolucionarias semanas de Octubre de 1934. Y personificando lo peor de nuestra historia moderna, ambos procesos fueron aplastados por la misma mano, la de Francisco Franco, sumiendo a toda España en uno de los periodos más negros de su historia.

    Errónea o interesadamente, estos sucesos son tratados por muchos desde el punto de vista puramente histórico. Pero más allá de la falsamente aséptica historiografía con la que algunos pretenden presentar los hechos, las fuerzas más avanzadas de la España actual tenemos la obligación de desenmascarar la absoluta relevancia de estos acontecimientos para la configuración del actual edificio institucional. Al margen del innegable avance democrático, el constructo político fabricado en la llamada “transición democrática” es producto ejecutado y diseño calculado de las mismas élites políticas y económicas que determinaron los cuarenta años de dictadura fascista en España. Constructo en el cual participaron erróneamente determinadas fuerzas de la izquierda, especialmente el PCE, lo cual no incrementa la legitimidad de lo que no es más que la evolución preconcebida por la oligarquía española para perpetuar su poder en una España en el marco de la hoy llamada Unión Europea, CEE por aquel entonces. Y en el vértice de esta democracia poco más que formal, cumpliendo los designios de su mentor Francisco Franco, el Borbón Juan Carlos. Por tanto, la obligada ruptura con la dictadura franquista queda pendiente, por mucho barniz presunta y milimetradamente democrático con el que se la quiera enmascarar.

    Y sigue tan pendiente como la archidemandada justicia histórica, tan ausente en España como presente está en nuestra hermana Argentina que, habiendo comenzado a sufrir su propia dictadura militar cuando nosotros ya abandonábamos la nuestra, hace tiempo que ajusta cuentas con su historia. Mientras tanto aquí, el poder de la derecha más conservadora, la hipocresía de una izquierda devenida en poco más que moderna derecha y la tibieza de la otra izquierda, en este caso la acomplejada, han acabado por legislar el olvido, dando la espalda a miles de compatriotas que siguen con sus huesos repartidos por las cunetas de toda España, pendientes aún de la voluntad de unos anónimos héroes modernos que siguen luchando por devolverles la dignidad.

    Por si fuera poco, la renovada fuerza con la que resurge la ultraderecha española más conservadora, ha favorecido el comienzo de un proceso de revisión y falsificación histórica que busca presentar a las víctimas como verdugos y a estos como salvadores. Nada nuevo bajo el sol. Es el discurso que nuestros padres y abuelos escucharon durante 40 años y que sólo la desmemoria de las nuevas generaciones puede darle una mínima verosimilitud. Y es aquí donde convergen la anquilosadísima iglesia católica, la oligarquía económico-financiera en simbiosis con la tradicional nobleza española, sus fuerzas políticas y sus portavoces mediáticos disfrazados de presunta intelectualidad. Entre ellos, destacan los renegados de siempre que, como es habitual, braman como el que más en un ejercicio de expiación de sus pecados izquierdistas de juventud.

    Hoy es un día más para reclamar la libertad frente a la esclavitud, la democracia frente a la dictadura, la república frente a la monarquía, la igualdad frente a la explotación, el trabajo frente al capital… En definitiva, un día más para afrontar el futuro con una esperanza que, a pesar de todo, no nos han conseguido arrebatar. En estos últimos tiempos, vemos como las nuevas formas de dictadura determinan el progresivo empobrecimiento de todos los pueblos de Europa. Son nuevas formas, pero son los mismos directores. La lucha de nuestros antepasados, por la que muchos de ellos residen en el olvido de una cuneta de carretera comarcal, es la misma lucha que nos ha sacado a las calles en los últimos meses. Su ejemplo no sólo nos debe obligar moralmente, sino también alentar, orientar e inspirar. No les debemos la victoria, pero su memoria reclama y exige nuestro combate.