La Españolidad de Repsol

La expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino ha abierto un grave conflicto diplomático con España. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha considerado la medida como un “gesto de hostilidad” contra su país. Pero, ¿hasta dónde puede decirse que los intereses de Repsol coinciden con los de España?

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% del accionariado de YPF, filial argentina de Repsol, ha encolerizado al Gobierno español. Éste, alineándose incondicionalmente en defensa de los intereses de la petrolera, ha interpretado la decisión como un ataque a España y a los españoles. Pero cabría preguntarse, ¿cuánto realmente pueden verse afectados los ciudadanos españoles por tan importante decisión?

Repsol es una compañía creada en 1986 por la unión de varias empresas de titularidad pública, dedicadas a diferentes actividades relacionadas con el petróleo y el gas. El objetivo de tal fusión queda evidenciado en 1989 cuando el Gobierno del socialista Felipe González comienza el proceso de privatización, que culminará en 1997 bajo la Presidencia del conservador José María Aznar. Desde entonces, el control de la compañía está totalmente en manos privadas.

Hoy por hoy, el accionariado de Repsol, tal y como la propia compañía publica en su página web, tiene una composición en la que los capitales españoles ni siquiera son la mayoría. Ciertamente, las participaciones más significativas están en manos de las españolas Caixabank (12,83%) y Sacyr Vallehermoso (10,01%), además de un 9,9% en poder de fondos de inversión españoles y un 10,8% en manos de accionistas españoles minoritarios. El resto del accionariado se lo reparten la mexicana PEMEX (9,49%) y, especialmente, fondos de inversión extranjeros (42%). El 5% restante sería un paquete accionarial en autocartera. Así las cosas, únicamente un 43,54% del capital actual de Repsol sería de nacionalidad española y solamente un 10,8% estaría controlado por pequeños inversores del país.

Si investigamos la aportación de la empresa al Estado español vía impuestos, tampoco parece que ésta haga un especial ejercicio de solidaridad con sus compatriotas. Según publica en su blog el economista y diputado español Alberto Garzón, Repsol paga impuestos en España por menos de una cuarta parte de los beneficios que obtiene en todo el mundo. Esto supondría que en 2010 el Estado debería haber ingresado 1060 millones de euros pero, gracias a diferentes deducciones fiscales, Repsol únicamente aportó a las arcas públicas 949 millones sobre una base imponible de 3534 millones de euros. Esto significa que, en vez de aplicársele un tipo impositivo del 30% al que está sujeta, el tipo efectivamente aplicado a la petrolera fue del 26’86%.

Pero aún más grave es el hecho de que Repsol sea la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales, según ha denunciado la ONG Intermón-Oxfam. Actualmente, la petrolera contaría con 13 filiales en paraísos fiscales, 12 de ellas en las Islas Caimán, aunque la compañía únicamente reconoce su presencia en Liberia. De ahí las fuertes sospechas sobre declaraciones de beneficios artificialmente adelgazadas en determinados países, que serían compensadas en filiales de otros con fiscalidades más benevolentes.

GOBIERNO Y PRENSA ESPAÑOLES REACCIONAN AL UNÍSONO

A pesar de este déficit de españolidad, la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy entra dentro de la lógica de su acción de gobierno. En la composición accionarial de Repsol hay una importante presencia de Caixabank y Sacyr Vallehermoso, dos de las empresas que determinan el índice bursátil español IBEX35, compuesto por las 35 empresas más importantes del país. No es de extrañar que un gobierno cuya política económica parece venir determinada por los mercados, especialmente por la banca alemana, venga a considerar una afrenta a los intereses nacionales una decisión de un gobierno extranjero que, indudablemente, afecta a los intereses de grupos empresariales tan poderosos.

Así, el lunes, pocas horas después del anuncio de Cristina Fernández, los Ministros de Exteriores y de Industria, José Manuel García-Margallo y José Manuel Soria, anunciaron que el Gobierno español tomará medidas “claras y contundentes” frente a la expropiación de YPF. Sorprendió la relativa tranquilidad de la comparecencia, en la que no se anunció ninguna medida concreta, lo que contrasta con las duras declaraciones de la semana pasada que aseguraban que “Argentina se va a convertir en un apestado internacional”. A pesar de ello, esta misma mañana, Soria reincidió en el tono belicista. “España no puede quedarse de brazos cruzados cuando hay una hostilidad contra una empresa española”, declaró en una entrevista en la televisión pública, a la vez que siguió sin concretar las medidas que adoptará el Ejecutivo español.

Ayer, en el Foro Económico Mundial sobre América Latina que se celebra en México, Mariano Rajoy también incidió en el discurso de la afrenta. Esta es una decisión que “rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre los dos países y que, por tanto, perjudica a España y Argentina”, aseguró.

La oposición socialista cerró filas en torno al Ejecutivo y Repsol. Fuentes del PSOE han asegurado que éste “respaldará al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas". Una fuerza política que se ha desmarcado de estas posiciones ha sido la coalición Izquierda Unida, calificando como “una vergüenza” que el Gobierno haya salido en defensa de Repsol y negando que la expropiación sea “un ataque a España”.

De la misma manera, la prensa española se dejó llevar por el fervor patrio. El diario El País, cercano al Partido Socialista, también considera la medida como un ataque y titula su portada del día 14 con un “España activa a la UE y EE.UU. para defenderse de Argentina”. Pero más contundentes se mostraron los medios de la derecha conservadora. Ayer, La Razón situaba en primera página “La guerra sucia de Kirchner” y el día 13, el diario ultraderechista La Gaceta, elevaba la afrenta hasta un “Kirchner nos quiere robar a los españoles”.

UN EPISODIO MÁS DE FERVOR PATRIO

Lo cierto es que, en los casi 4 meses de gobierno de Mariano Rajoy, los episodios de fervor patrio se suceden con cierta regularidad. Partiendo de las constantes llamadas al patriotismo cada vez que se anuncia una de las duras medidas de ajuste que, según asegura, se ve obligado a tomar el Ejecutivo español, por lo general acaba siendo la vecina Francia el objeto de las iras patrias.

En las últimas semanas, es un Nicolás Sarkozy en plena campaña electoral quien más afrentada ha hecho sentirse a la clase política española. Pero no por ser parte del núcleo duro que impone las rigurosas medidas de ajuste en toda la Unión Europea, sino por sus constantes alusiones a la grave situación de la economía española. Según el Presidente francés, ésta sería reproducida en Francia por un hipotético gobierno de su contrincante electoral Françoise Hollande.

Más sonrojante fue el episodio del mes de Febrero a cuenta de un programa de humor de Canal+ Francia. A raíz de la condena por dopaje del ciclista Alberto Contador, el programa satírico de los guiñoles ironizó sobre los éxitos del deporte español con un “no ganan por casualidad”. La desmesurada reacción del Gobierno y prensa españoles estuvieron a punto de causar un conflicto diplomático con un socio europeo, llegando a ejercer el Ejecutivo español una protesta formal ante el francés. Incluso el Ministro de Educación español, José Ignacio Wert, calificó lo sucedido como un “ataque xenófobo”.

Probablemente, muchos españoles extrañen la ausencia del mismo fervor patrio en otros aspectos de la vida política y económica del país. En estos días, a tenor de la polémica de YPF, un ciudadano español se lamentaba en su cuenta de Twitter: “yo también quiero que nuestro Gobierno defienda en Bruselas el Estado de Bienestar como defiende los intereses de Repsol en Argentina”.

Reflexiones a Bote Pronto: Explicación Simple para Oponerse a la Reforma Constitucional

    Imaginémonos un pequeño pueblo que tras un cataclismo se queda en la más absoluta pobreza. Es decir, entra en una gran crisis económica. Como nadie tiene dinero, nadie puede tener ninguna actividad económica y nadie tiene ingresos. Los habitantes se reúnen y deciden pedir un préstamo al pueblo de al lado incurriendo, por tanto,  en déficit, ya que ahora deben dinero y no tienen ningún ingreso. Con ese dinero montan un gran hipermercado. Compran productos para venderlos en él y contratan trabajadores entre los habitantes del pueblo. Contratan cajeros, reponedores, encargados de mantenimiento, encargados de compras, vigilantes de seguridad, etc… Como los habitantes contratados tienen un sueldo, ahora pueden comprar productos en el hipermercado, con lo que este tiene ingresos y puede seguir comprando productos para vender. Y cuanto mayores son los sueldos de los trabajadores más productos compran, más productos puede vender el hipermercado y mayor es su beneficio. Como el hipermercado es de todo el pueblo (no privado) deciden destinar parte del beneficio a pagar la deuda y otra parte a servicios para los habitantes. Crean escuelas, hospitales, policía, bomberos, etc… Y, por tanto, contratan más trabajadores para esos servicios que, con sus sueldos, van a comprar también al hipermercado. En conclusión, gracias a que incurrieron en un déficit han conseguido reactivar su economía. Únicamente necesitaron invertir el dinero en una actividad que reportara un beneficio suficiente para pagar el interés del préstamo.

    Aplicado a la realidad de hoy, esa reunión de todo el pueblo sería el Estado, el hipermercado sería una empresa pública que invirtiera en le economía nacional y el pueblo de al lado sería el sector privado.

    Esto no es nada nuevo ni nada revolucionario. No es economía marxista ni mucho menos. Es lo que John Maynard Keynes teorizó en los años 30 para remontar la crisis de los años 20. Pero, ¿por qué ahora están haciendo todo lo contrario? Porque los mercados saben que esto no les conviene y hoy tienen un poder tan inconmensurable, muy superior al de los años 30, que son capaces de evitar que esto suceda. La plutocracia sabe que por cada inversión estatal tendrá un negocio menos del que lucrarse. Ellos quieren hacer negocio con todo, incluidos los servicios básicos. Negocio con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, etc… Es decir, en el pueblo del ejemplo querrían que fuera el pueblo de al lado quien directamente hiciera la inversión en el hipermercado. Pero eso sólo ocurriría si a este le interesara en su propio beneficio, no en beneficio del pueblo en crisis. Y, por supuesto, si los beneficios se invirtieran en servicios sólo se haría con ánimo de lucro, no con ánimo de mejorar la calidad de vida del pueblo. Por tanto, los habitantes tendrían que pagar por sus servicios básicos.

   Hoy, en el pueblo España, están intentando (y probablemente conseguirán) asegurarse que el Estado retrotraiga aún más su intervención en la economía y que lo haga de manera definitiva. De ahí la actual reforma constitucional que pondrá en manos de la Unión Europea el tope de déficit. Como el Estado verá muy limitada su capacidad de inversión, cada vez tendrá menos ingresos provenientes de la empresa pública, que a su vez repercutirá en una merma aún mayor de su capacidad de inversión. Únicamente podrá aumentar sus ingresos mediante los impuestos. Pero como la economía cada vez dependerá más de las manos privadas, estas tendrán más capacidad para obligar al Estado a doblegarse a su voluntad. Por tanto, seguramente, los impuestos acaben gravando más a los que menos tienen. Y, por si esto fuera poco, el estrecho margen de déficit que se permitirá será la prioridad de pago constitucional frente a los servicios sociales básicos, favoreciendo así su privatización.

    En definitiva, la reforma constitucional que se está debatiendo en nuestras cortes es la vuelta de tuerca definitiva para poner al país de rodillas ante la oligarquía financiera. Es la muerte casi absoluta de la poca democracia que nos quedaba. Como en el pueblo del ejemplo, tenemos dos alternativas: quedarnos quietos esperando una indigna muerte o reunirnos en plaza pública y tomar las riendas de nuestro destino. Misión difícil pero obligada.

Europa y la Ofensiva de la Extrema Derecha

Las elecciones de Suecia y Holanda han hecho saltar las alarmas al respecto de la última consecuencia de la crisis económica. Las fuerzas de ultraderecha se están situando en múltiples parlamentos europeos y condicionando a más de un gobierno, consiguiendo que las políticas xenófobas sean una medida a considerar en cada vez más ejecutivos. Sin embargo, las fuerzas políticas tradicionales y las instituciones del viejo continente parecen no tener alternativa.

Las últimas convocatorias electorales acaecidas en varios países europeos están creando algo más que preocupación en las esferas políticas tradicionales de Europa. El significativo avance de las fuerzas de ultraderecha está siendo un efecto más de la crisis y de las medidas adoptadas para hacerle frente. Paro, recortes sociales, reducción de la soberanía en política económica de los estados nacionales frente a la Unión Europea, fricciones en torno a la diversidad cultural, discriminaciones históricas y crisis de los partidos tradicionales, especialmente de la izquierda, están siendo, entre otros, el caldo de cultivo en el que crecen estas políticas extremistas. Así, ante la falta de propuestas novedosas de los partidos tradicionales y la crisis ideológica en la que está sumida la izquierda europea, el discurso xenófobo contra la inmigración, el Islam y minorías étnicas históricamente marginadas, defensor de los valores más tradicionales y favorable a un Estado mínimamente intervencionista va ganando adeptos.

El último país en sumarse a esta preocupante tendencia ha sido Suecia. Las elecciones del mes de septiembre se saldaron con una victoria de los conservadores del primer ministro Frederik Reinfeldt. Pero la gran novedad ha sido el 5,7% de votos y los 20 diputados obtenidos por los Demócratas de Suecia (SD) de Jimmie Akesson. Con una propuesta política basada en la drástica reducción de la inmigración y la “suspensión total de la islamización” han conseguido representación parlamentaria por primera vez.

Pero el caso reciente más alarmante ha sido el holandés. El xenófobo y antimusulmán Partido de la Libertad (PVV), dirigido por Geert Wilders, se convirtió en tercera fuerza política del país con más del 15% de los votos y 24 escaños, que lo convierten en elemento clave de la política holandesa. El acuerdo para formar gobierno alcanzado entre democristianos y liberales y que ha convertido en primer ministro al liberal Mark Rutte, abarca también a los ultraderechistas que, sin entrar en el gobierno, han apoyado esta coalición a cambio de determinadas concesiones. Durante la presentación del acuerdo, Wilders manifestaba que “permanecer de forma ilegal en Holanda será considerado un crimen. Se prohibirá el burka y se podrá retirar la ciudadanía holandesa a aquellos autores de determinados delitos que tengan doble nacionalidad”.

En este momento Wilders está siendo sometido a juicio, acusado de instigación al odio racial y discriminación a musulmanes a través de su cortometraje “Fitna” y en multitud de declaraciones públicas. Wilders no solo niega los cargos sino que afirma que el Islam es una seria amenaza para la democracia.

Pero estos no son los únicos fenómenos. La ultraderecha sigue siendo una fuerza política vigorosa en Austria. El Partido de la Libertad (FPÖ), que en el año 2000 llegara a participar en el gobierno bajo el liderazgo del fallecido Jörg Haider, esta volviendo a ser una formación a considerar al convertirse en la segunda fuerza política en las recientes elecciones municipales de Viena. La xenófoba Unión Democrática de Centro de Suiza, país en el que se ha prohibido la construcción de nuevos minaretes, es la primera fuerza política con un 29% de los sufragios. El abiertamente racista y antisemita partido Jobbik de Hungría, que cuenta con una organización paramilitar denominada Guardia Húngara, ha superado el 16% de los votos y ha obtenido 48 diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza política. El Partido del Progreso noruego de Svi Jenssen es la segunda fuerza política del país nórdico con un discurso claramente antiinmigratorio. En Bélgica la tercera fuerza política es el xenófobo y separatista Vlaams Belang (Interés Flamenco). Y aumentos considerables también han sido obtenidos por la ultraderecha en Dinamarca, Eslovaquia, Letonia y Bulgaria.

LOS CASOS DE ITALIA Y FRANCIA

El desmembramiento en los años 90 del histórico y corrupto sistema de partidos italiano, junto con la disolución del Partido Comunista de Italia (PCI) en 1991 en plena implosión de la URSS, generaron un nuevo mapa político en el que la debilidad partidaria reinante y la desconfianza frente a las propuestas políticas tradicionales favorecieron el aumento del protagonismo de la extrema derecha. Desde entonces hasta hoy han ido ganando importancia las figuras de Umberto Bossi, líder de la xenófoba y separatista Liga Norte, y Gianfranco Fini, líder de los partidos fascistas Movimiento Social Italiano primero y de la Alianza Nacional después, la cual se integraría en el Pueblo de la Libertad del ultraliberal Silvio Berlusconi. 

Estas tres figuras compartirían gobiernos de manera intermitente desde 1994 hasta hoy, dónde Berlusconi preside un gobierno en el cual Bossi es Ministro de Reformas para el Federalismo y el también miembro de la Liga Norte, Roberto Maroni, es Ministro del Interior. La reciente crisis del Pueblo de la Libertad se ha saldado con la expulsión del antiguo fascista y actual Presidente de la Cámara de Diputados, Fini, embarcándolo en una nueva formación política cuyo nombre ha sido recientemente anunciado, Futuro y Libertad para Italia.

A la espera de ver la fuerza con la que emerge la nueva andadura de Fini, si se puede afirmar que Bossi tiene una base sólida. No solo es capaz de mantenerse fuerte en sus plazas del norte sino que además es capaz extenderse más allá, hasta lograr en torno al 12% de los votos en las últimas elecciones regionales.

Con este sistema de alianzas gubernamentales no es de extrañar el avance de las políticas xenófobas en Italia. El endurecimiento de las políticas de inmigración y la criminalización de inmigrantes y gitanos es una constante del gobierno Berlusconi, llegando a apoyar las polémicas expulsiones de romanís decretadas por Francia.

Esta resolución del gobierno de Nicolás Sarkozy levantó gran revuelo en toda Europa, ya que un gobierno en el cual teóricamente no había presencia de la extrema derecha adoptaba una medida abiertamente xenófoba, difícilmente compatible con los derechos humanos y contraria a la legislación europea al adoptarse contra ciudadanos rumanos y, por tanto, ciudadanos de la Unión Europea. Por si esto fuera poco, la polémica continúa con el descubrimiento de la existencia de un archivo secreto con información sobre gitanos en la gendarmería francesa.

Así todo, la reacción de las instituciones europeas ha sido mucho más tibia de lo que podría esperarse. Si bien el parlamento europeo, hasta el momento única institución comunitaria en tomar una posición al respecto, expreso su rechazo a las medidas del gobierno francés e insto a que se suspendieran inmediatamente las expulsiones, esta declaración no tiene más que valor político, sin ningún valor jurídico.

Esta medida hay que enmarcarla en las elecciones regionales francesas de Marzo, en las que triunfó la socialdemocracia y en las cuales el ultraderechista Frente Nacional de Jean Marie Le Pen obtuvo en torno a un 20% de los votos en las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul y en Nord-Pas de Calais. El giro xenófobo del Eliseo parece ser un intento de atraer a votantes de la extrema derecha de cara a hacer frente a la izquierda en próximos envites electorales. 

ISLAMOFOBIA, XENOFOBIA Y CRISIS

La islamofobia y la xenofobia son fenómenos que han crecido en toda Europa en los últimos años, con la colaboración consciente o no de diversos medios de comunicación, fuerzas políticas y gobiernos. Primero con el acuerdo Schengen, que configura una Europa sin fronteras interiores, pero que eleva los controles exteriores y las exigencias para la obtención de un permiso de residencia, reduciendo así y de manera forzada la inmigración legal pero, en consecuencia, promoviendo la ilegal, sobre la que recae el estigma de la delincuencia. En segundo lugar, con la psicosis antiterrorista desatada por la reacción a los atentados del 11 de Septiembre y la “guerra contra el terror”, dónde una vez desaparecido el fantasma comunista se gestaba un nuevo enemigo global y en el que el discurso hegemónico acababa por equiparar Islam y terrorismo, poniendo el foco sobre la comunidad musulmana y profundizando así su marginación. 

Ambos fenómenos se han recrudecido en los últimos tiempos una vez que ha estallado la crisis económica en Europa. Las altas tasas de paro que se están sufriendo han servido de abono para el discurso que señala al inmigrante como causante del desempleo de los trabajadores nacionales. Sin embargo, hoy día es precisamente el trabajador inmigrante quién más ferozmente está sufriendo los envites de la crisis.

La realidad es que la inmigración ilegal es, hasta cierto punto, un fenómeno diseñado para existir tal que así. Este tipo de inmigración sin derechos ha sido de facto fomentada subrepticiamente por el poder económico al representar una mano de obra barata y ejercer presión reductora sobre los salarios del conjunto de la clase trabajadora, característica ausente en la inmigración legal. Y lo cierto es que Europa necesita inmigración, pero en condiciones de igualdad. Hoy por hoy, los países de la Unión Europea tienen tasas preocupantes de envejecimiento y todos sin excepción tienen una tasa de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, por debajo de 2,1 hijos por mujer. Si en un futuro los europeos quieren disponer de un sistema de pensiones viable, la solución hoy está en la inmigración.

El mayor peligro es que las medidas contra la crisis parece que van a agudizar esta problemática. El desempleo se combate con desregulación laboral y no con inversión pública, el déficit público parece existir en las ayudas sociales, no así en los rescates bancarios, los problemas de las pensiones se combaten aumentando la edad de jubilación, generando así más desempleo, y no aumentando el número de cotizantes. Y lo que debería ser campo abonado para la izquierda, ha acabado por ser el germen de la ultraderecha europea más vigorosa desde la II Guerra Mundial.

CRISIS IDEOLÓGICA DE LA IZQUIERDA EUROPEA

Una última causa del éxito que está teniendo la ultraderecha es el vasto espacio político dejado por la crisis de la izquierda europea, tanto socialista como comunista. Grandes masas de trabajadores se han quedado huérfanos ideológicamente, lo que explica el constante incremento de la abstención electoral, y en ciertos sectores va calando el discurso xenófobo y populista.

Al socialismo o socialdemocracia europea cada vez le quedan menos signos de identidad. A finales de los años 70  el conjunto del socialismo comenzó a abandonar sus postulados socialdemócratas, junto con las últimas referencias al marxismo que le quedaban, desapareciendo con ello el paradigma histórico que les impulsaba en su accionar político. El proceso culmina en los primeros 90 dónde definitivamente se abraza la globalización neoliberal, base sobre la que se construye la actual Unión Europea, y en dónde antiguos socialdemócratas y democristianos acaban por ser dos caras de una misma moneda y sus políticas económicas dos calcos casi perfectos. En esta coyuntura, las fuerzas políticas tradicionales con opciones de gobierno no parecen suponer una alternativa real.

Sobre la izquierda comunista han caído dos pesadas losas. Por un lado, la debacle ideológica que supuso la teorización eurocomunista lanzada en los años 70 por Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer y Georges Marchais, secretarios generales de los partidos comunistas de España, Italia y Francia respectivamente. Hasta cierto punto, como lo fue para el socialismo, esto supuso una quiebra en el paradigma al eliminar el componente clasista del Estado occidental contemporáneo, pasando a considerarlo un terreno neutral en el que podría darse la batalla política en condiciones de igualdad. Un posicionamiento ideológico para tres grandes partidos que aspiraban a alcanzar el poder electoralmente, pero que los sumiría en la maquinaria electoral, priorizándola sobre la movilización, y que a la postre los llevaría a la desaparición o marginalidad. Hoy solo los comunistas portugueses (PCP) y griegos (KKE) cuentan con una fuerza reseñable, precisamente dos partidos que se mantuvieron al margen de los posicionamientos eurocomunistas.

Por otro lado, casi 20 años después de la caída de la Unión Soviética solo comienza a desperezarse la izquierda alternativa en Europa. El duro golpe ideológico y psicológico que supuso la implosión del modelo del socialismo real solo se está consiguiendo revertir gracias a las nuevas experiencias transformadoras que emergen en América Latina. La profundidad que estas tengan y su contribución a la generación de un nuevo paradigma socialista marcarán el futuro de las fuerzas de la izquierda alternativa en Europa y en el mundo.

Ciertamente preocupante es el panorama que vive Europa. Como sucediera en los años 30, la incapacidad de los gobiernos europeos para ofrecer una alternativa a la crisis económica está favoreciendo el crecimiento de fuerzas políticas que explotan el odio racial como bandera. Las instituciones y gobiernos europeos no son capaces de generar ninguna política nueva que no sea más neoliberalismo y la debilidad de la izquierda es un obstáculo para que sea visualizada como alternativa. En esta coyuntura no debe obviarse el interés que sectores económicos poderosos pueden tener en que la alternativa política surja por la ultraderecha. O gobiernos y fuerzas políticas democráticas toman conciencia del peligro que ya se está materializando o puede que temores casi olvidados vuelvan a hacerse realidad.