La expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino ha abierto un grave conflicto diplomático con España. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha considerado la medida como un “gesto de hostilidad” contra su país. Pero, ¿hasta dónde puede decirse que los intereses de Repsol coinciden con los de España?
La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% del accionariado de YPF, filial argentina de Repsol, ha encolerizado al Gobierno español. Éste, alineándose incondicionalmente en defensa de los intereses de la petrolera, ha interpretado la decisión como un ataque a España y a los españoles. Pero cabría preguntarse, ¿cuánto realmente pueden verse afectados los ciudadanos españoles por tan importante decisión?
Repsol es una compañía creada en 1986 por la unión de varias empresas de titularidad pública, dedicadas a diferentes actividades relacionadas con el petróleo y el gas. El objetivo de tal fusión queda evidenciado en 1989 cuando el Gobierno del socialista Felipe González comienza el proceso de privatización, que culminará en 1997 bajo la Presidencia del conservador José María Aznar. Desde entonces, el control de la compañía está totalmente en manos privadas.
Hoy por hoy, el accionariado de Repsol, tal y como la propia compañía publica en su página web, tiene una composición en la que los capitales españoles ni siquiera son la mayoría. Ciertamente, las participaciones más significativas están en manos de las españolas Caixabank (12,83%) y Sacyr Vallehermoso (10,01%), además de un 9,9% en poder de fondos de inversión españoles y un 10,8% en manos de accionistas españoles minoritarios. El resto del accionariado se lo reparten la mexicana PEMEX (9,49%) y, especialmente, fondos de inversión extranjeros (42%). El 5% restante sería un paquete accionarial en autocartera. Así las cosas, únicamente un 43,54% del capital actual de Repsol sería de nacionalidad española y solamente un 10,8% estaría controlado por pequeños inversores del país.
Si investigamos la aportación de la empresa al Estado español vía impuestos, tampoco parece que ésta haga un especial ejercicio de solidaridad con sus compatriotas. Según publica en su blog el economista y diputado español Alberto Garzón, Repsol paga impuestos en España por menos de una cuarta parte de los beneficios que obtiene en todo el mundo. Esto supondría que en 2010 el Estado debería haber ingresado 1060 millones de euros pero, gracias a diferentes deducciones fiscales, Repsol únicamente aportó a las arcas públicas 949 millones sobre una base imponible de 3534 millones de euros. Esto significa que, en vez de aplicársele un tipo impositivo del 30% al que está sujeta, el tipo efectivamente aplicado a la petrolera fue del 26’86%.
Pero aún más grave es el hecho de que Repsol sea la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales, según ha denunciado la ONG Intermón-Oxfam. Actualmente, la petrolera contaría con 13 filiales en paraísos fiscales, 12 de ellas en las Islas Caimán, aunque la compañía únicamente reconoce su presencia en Liberia. De ahí las fuertes sospechas sobre declaraciones de beneficios artificialmente adelgazadas en determinados países, que serían compensadas en filiales de otros con fiscalidades más benevolentes.
GOBIERNO Y PRENSA ESPAÑOLES REACCIONAN AL UNÍSONO
A pesar de este déficit de españolidad, la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy entra dentro de la lógica de su acción de gobierno. En la composición accionarial de Repsol hay una importante presencia de Caixabank y Sacyr Vallehermoso, dos de las empresas que determinan el índice bursátil español IBEX35, compuesto por las 35 empresas más importantes del país. No es de extrañar que un gobierno cuya política económica parece venir determinada por los mercados, especialmente por la banca alemana, venga a considerar una afrenta a los intereses nacionales una decisión de un gobierno extranjero que, indudablemente, afecta a los intereses de grupos empresariales tan poderosos.
Así, el lunes, pocas horas después del anuncio de Cristina Fernández, los Ministros de Exteriores y de Industria, José Manuel García-Margallo y José Manuel Soria, anunciaron que el Gobierno español tomará medidas “claras y contundentes” frente a la expropiación de YPF. Sorprendió la relativa tranquilidad de la comparecencia, en la que no se anunció ninguna medida concreta, lo que contrasta con las duras declaraciones de la semana pasada que aseguraban que “Argentina se va a convertir en un apestado internacional”. A pesar de ello, esta misma mañana, Soria reincidió en el tono belicista. “España no puede quedarse de brazos cruzados cuando hay una hostilidad contra una empresa española”, declaró en una entrevista en la televisión pública, a la vez que siguió sin concretar las medidas que adoptará el Ejecutivo español.
Ayer, en el Foro Económico Mundial sobre América Latina que se celebra en México, Mariano Rajoy también incidió en el discurso de la afrenta. Esta es una decisión que “rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre los dos países y que, por tanto, perjudica a España y Argentina”, aseguró.
La oposición socialista cerró filas en torno al Ejecutivo y Repsol. Fuentes del PSOE han asegurado que éste “respaldará al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas". Una fuerza política que se ha desmarcado de estas posiciones ha sido la coalición Izquierda Unida, calificando como “una vergüenza” que el Gobierno haya salido en defensa de Repsol y negando que la expropiación sea “un ataque a España”.
De la misma manera, la prensa española se dejó llevar por el fervor patrio. El diario El País, cercano al Partido Socialista, también considera la medida como un ataque y titula su portada del día 14 con un “España activa a la UE y EE.UU. para defenderse de Argentina”. Pero más contundentes se mostraron los medios de la derecha conservadora. Ayer, La Razón situaba en primera página “La guerra sucia de Kirchner” y el día 13, el diario ultraderechista La Gaceta, elevaba la afrenta hasta un “Kirchner nos quiere robar a los españoles”.
UN EPISODIO MÁS DE FERVOR PATRIO
Lo cierto es que, en los casi 4 meses de gobierno de Mariano Rajoy, los episodios de fervor patrio se suceden con cierta regularidad. Partiendo de las constantes llamadas al patriotismo cada vez que se anuncia una de las duras medidas de ajuste que, según asegura, se ve obligado a tomar el Ejecutivo español, por lo general acaba siendo la vecina Francia el objeto de las iras patrias.
En las últimas semanas, es un Nicolás Sarkozy en plena campaña electoral quien más afrentada ha hecho sentirse a la clase política española. Pero no por ser parte del núcleo duro que impone las rigurosas medidas de ajuste en toda la Unión Europea, sino por sus constantes alusiones a la grave situación de la economía española. Según el Presidente francés, ésta sería reproducida en Francia por un hipotético gobierno de su contrincante electoral Françoise Hollande.
Más sonrojante fue el episodio del mes de Febrero a cuenta de un programa de humor de Canal+ Francia. A raíz de la condena por dopaje del ciclista Alberto Contador, el programa satírico de los guiñoles ironizó sobre los éxitos del deporte español con un “no ganan por casualidad”. La desmesurada reacción del Gobierno y prensa españoles estuvieron a punto de causar un conflicto diplomático con un socio europeo, llegando a ejercer el Ejecutivo español una protesta formal ante el francés. Incluso el Ministro de Educación español, José Ignacio Wert, calificó lo sucedido como un “ataque xenófobo”.
Probablemente, muchos españoles extrañen la ausencia del mismo fervor patrio en otros aspectos de la vida política y económica del país. En estos días, a tenor de la polémica de YPF, un ciudadano español se lamentaba en su cuenta de Twitter: “yo también quiero que nuestro Gobierno defienda en Bruselas el Estado de Bienestar como defiende los intereses de Repsol en Argentina”.
