Las duras medidas que está adoptando el gobierno de Mariano Rajoy han acabado con la paz social en España. Las polémicas imágenes de las protestas estudiantiles de Valencia pueden ser sólo el principio de una fase de altísima conflictividad social, cuyo punto álgido se alcanzaría en una probable huelga general.
Las movilizaciones sindicales del pasado día 19 contra la reforma del mercado laboral y las protestas estudiantiles de Valencia contra los recortes presupuestarios en materia educativa, parecen señalar el punto y final a la paz social en España. Las decisiones adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy en poco más de dos meses de gobierno, están poniendo en pie de guerra a diversos sectores de la sociedad española, ante lo que consideran un ataque al Estado de Bienestar y un pliegue incondicional a los dictados de los mercados y de una Unión Europea bajo liderazgo alemán.
Los próximos meses supondrán un recrudecimiento del pulso entre la calle y el gobierno, en un intento de poner freno a las políticas de recortes y desregularización, por parte de la primera, y en la búsqueda de frenar los ataques especulativos de los mercados financieros y de contentar a las instituciones europeas, por parte del segundo.
El próximo choque tendrá lugar mañana mismo en el marco de la Jornada de Acción Europea sindical, que sacará a la calle a trabajadores de toda Europa “por el empleo y en defensa de los servicios públicos”, tal y como reza la convocatoria. En España se convertirá en un nuevo test ante la posibilidad de un llamamiento a la huelga general, que está siendo valorado por las centrales sindicales tras la dura reforma del mercado laboral.
A esta convocatoria está previsto que se unan las organizaciones estudiantiles que, tras las polémicas actuaciones policiales durante las protestas de Valencia, amenazan con extender el conflicto al conjunto del Estado. El movimiento estudiantil español ya ha comenzado su propio proceso movilizador, no sólo debido a los recortes presupuestarios que en materia educativa están realizando diversos gobiernos autonómicos, sino también a modo de preparación ante las anunciadas reformas educativas que se prevén también polémicas.
MARZO: REIVINDICACIONES FEMINISTAS, ELECCIONES Y PRESUPUESTOS DEL ESTADO
El 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, será el turno de las organizaciones feministas, que alzarán su voz en rechazo de la anunciada reforma de la ley del aborto. El Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ya anunció que pondría fin a la actual legislación, que establece el aborto libre hasta las 14 semanas, para volver a una ley despenalizadora en determinados supuestos. A esto habrá que sumar, nuevamente, las protestas por los recortes en las políticas de igualdad.
A finales de Marzo, el gobierno afrontará un test electoral parcial que puede suponer un nuevo espaldarazo a sus políticas. El día 25 Andalucía y Asturias afrontarán procesos electorales para renovar sus gobiernos autonómicos. Andalucía en cumplimiento de su calendario electoral normal y Asturias anticipadamente ante la situación de ingobernabilidad que vive la región tras las elecciones del pasado Mayo.
Andalucía, la región más poblada del país, es el último bastión de poder con mayoría absoluta del Partido Socialista, pero se da por segura la victoria del Partido Popular. Lo que está por determinar es si esta victoria se da de forma arrolladora, como apuntan los sondeos, o si los conservadores comienzan a sufrir el desgaste de su acción de gobierno en Moncloa.
Muy diferente es el panorama en Asturias. Allí los conservadores han vivido una dura crisis interna que ha llevado a Francisco Álvarez-Cascos, antiguo hombre fuerte de los gobiernos de José María Aznar, a crear una nueva fuerza política de índole regionalista que obtuvo una victoria pírrica en las elecciones de Mayo. La debilidad de su gobierno ha obligado a convocar unas nuevas elecciones en las que la división de la derecha conservadora puede devolver el gobierno a los socialistas. De esta manera, Asturias podría convertirse en el único nicho de poder territorial del PSOE, a excepción del País Vasco, dónde los socialistas gobiernan gracias al apoyo de los populares en un pacto antinacionalista.
El día 29 las protestas contra la reforma laboral tendrán un nuevo episodio en el País Vasco, Navarra y Galicia, dónde los sindicatos nacionalistas han llamado a la huelga general. Así, una vez más, se visualizan sus históricas discrepancias con los sindicatos de ámbito estatal.
Pero todo apunta a que la fecha más crítica para Mariano Rajoy será el 30 de Marzo, día en el que ha anunciado que presentará los Presupuestos Generales del Estado. Se esperan unos presupuestos con uno los mayores recortes de la historia de España y, por ello, la oposición ha acusado a los populares de retrasar su presentación para no perjudicar sus expectativas electorales en Andalucía y Asturias. Esto ha sido así a pesar de que incluso la Comisión Europea ha solicitado insistentemente su pronta presentación.
La exigencia de la Unión Europea de cumplir con los objetivos de déficit público, que deberá pasar del 8’51% del PIB en 2011 al 4’4% en 2012, hace barajar un ajuste presupuestario superior a los 40.000 millones de euros. Según palabras del propio Mariano Rajoy "menos las pensiones, el resto de las partidas se pueden tocar". Así las cosas, un fuerte recorte del gasto social, reducción en materia de personal, privatización de empresas públicas y subida del IVA y otros impuestos son algunas de las medidas que se especula que el gobierno podría contemplar. Gran preocupación genera la posibilidad de que incluso las ayudas al desempleo se vean afectadas, en un momento de altísimos niveles de desocupación en el país.
ABRIL-MAYO: REIVINDICACIÓN REPUBLICANA Y HUELGA GENERAL
Se espera que la fortísima contestación social que seguramente causarán las medidas que anuncien los Presupuestos Generales del Estado, sea el marco en el que finalmente los sindicatos se animen a convocar la esperada huelga general. Esta podría tener lugar entre mediados de Abril y principios de Mayo, fechas en las que confluiría con otro tipo de protestas.
El 14 de Abril se conmemora la proclamación de la II República Española, fecha que las organizaciones republicanas aprovechan para reivindicar el cambio de modelo de Estado. Este año se espera que sea uno de los más concurridos debido a dos factores. En primer lugar, por la condena a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón. A pesar de que ayer se conocía la sentencia absolutoria en la causa abierta por declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista, la condena anterior anula al único juez que se decidió a poner luz sobre los crímenes contra la humanidad que se cometieron en este periodo de la historia de España, con más de 130.000 republicanos desaparecidos.
En segundo lugar, por la trama de corrupción que salpica a la familia real en la figura de Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina, la menor de las hijas del Rey. El escándalo, sobre el cual cada día salen nuevos y escabrosos datos, está poniendo en un serio aprieto a la monarquía, hasta hace bien poco una de las instituciones mejor valoradas por los españoles. Y podría agravarse aún más si la propia Infanta Cristina fuera imputada en el caso.
Finalmente, se llegaría a la celebración del Día de los Trabajadores en un marco de gran convulsión social. Un día que será, en función de cuando se produzca la huelga general, una fecha de continuación de la protesta o un acto más de preparación y medición de fuerzas de cara a ella.
En definitiva, el gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a unos meses cruciales para su devenir. En ellos, deberá afrontar una serie de decisiones fundamentales y críticas para continuar con su agenda política, que serán fuertemente contestadas en la calle. Su capacidad de resistir el envite dará la medida de su determinación para caminar por la senda que le exige la Unión Europea. Pero, a su vez, la decidida voluntad de cumplir con las exigencias de los mercados y de unas instituciones europeas bajo liderazgo de Ángela Merkel, pueden agravar la ya muy maltrecha paz social. El ajuste duro por el que se conduce el gobierno español, hace contemplar la posibilidad de un proceso de “helenización” del conflicto, pudiendo reproducirse en España imágenes similares a las que recientemente se han podido ver en las calles de Atenas.
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