Reflexiones a Bote Pronto: Explicación Simple para Oponerse a la Reforma Constitucional

    Imaginémonos un pequeño pueblo que tras un cataclismo se queda en la más absoluta pobreza. Es decir, entra en una gran crisis económica. Como nadie tiene dinero, nadie puede tener ninguna actividad económica y nadie tiene ingresos. Los habitantes se reúnen y deciden pedir un préstamo al pueblo de al lado incurriendo, por tanto,  en déficit, ya que ahora deben dinero y no tienen ningún ingreso. Con ese dinero montan un gran hipermercado. Compran productos para venderlos en él y contratan trabajadores entre los habitantes del pueblo. Contratan cajeros, reponedores, encargados de mantenimiento, encargados de compras, vigilantes de seguridad, etc… Como los habitantes contratados tienen un sueldo, ahora pueden comprar productos en el hipermercado, con lo que este tiene ingresos y puede seguir comprando productos para vender. Y cuanto mayores son los sueldos de los trabajadores más productos compran, más productos puede vender el hipermercado y mayor es su beneficio. Como el hipermercado es de todo el pueblo (no privado) deciden destinar parte del beneficio a pagar la deuda y otra parte a servicios para los habitantes. Crean escuelas, hospitales, policía, bomberos, etc… Y, por tanto, contratan más trabajadores para esos servicios que, con sus sueldos, van a comprar también al hipermercado. En conclusión, gracias a que incurrieron en un déficit han conseguido reactivar su economía. Únicamente necesitaron invertir el dinero en una actividad que reportara un beneficio suficiente para pagar el interés del préstamo.

    Aplicado a la realidad de hoy, esa reunión de todo el pueblo sería el Estado, el hipermercado sería una empresa pública que invirtiera en le economía nacional y el pueblo de al lado sería el sector privado.

    Esto no es nada nuevo ni nada revolucionario. No es economía marxista ni mucho menos. Es lo que John Maynard Keynes teorizó en los años 30 para remontar la crisis de los años 20. Pero, ¿por qué ahora están haciendo todo lo contrario? Porque los mercados saben que esto no les conviene y hoy tienen un poder tan inconmensurable, muy superior al de los años 30, que son capaces de evitar que esto suceda. La plutocracia sabe que por cada inversión estatal tendrá un negocio menos del que lucrarse. Ellos quieren hacer negocio con todo, incluidos los servicios básicos. Negocio con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, etc… Es decir, en el pueblo del ejemplo querrían que fuera el pueblo de al lado quien directamente hiciera la inversión en el hipermercado. Pero eso sólo ocurriría si a este le interesara en su propio beneficio, no en beneficio del pueblo en crisis. Y, por supuesto, si los beneficios se invirtieran en servicios sólo se haría con ánimo de lucro, no con ánimo de mejorar la calidad de vida del pueblo. Por tanto, los habitantes tendrían que pagar por sus servicios básicos.

   Hoy, en el pueblo España, están intentando (y probablemente conseguirán) asegurarse que el Estado retrotraiga aún más su intervención en la economía y que lo haga de manera definitiva. De ahí la actual reforma constitucional que pondrá en manos de la Unión Europea el tope de déficit. Como el Estado verá muy limitada su capacidad de inversión, cada vez tendrá menos ingresos provenientes de la empresa pública, que a su vez repercutirá en una merma aún mayor de su capacidad de inversión. Únicamente podrá aumentar sus ingresos mediante los impuestos. Pero como la economía cada vez dependerá más de las manos privadas, estas tendrán más capacidad para obligar al Estado a doblegarse a su voluntad. Por tanto, seguramente, los impuestos acaben gravando más a los que menos tienen. Y, por si esto fuera poco, el estrecho margen de déficit que se permitirá será la prioridad de pago constitucional frente a los servicios sociales básicos, favoreciendo así su privatización.

    En definitiva, la reforma constitucional que se está debatiendo en nuestras cortes es la vuelta de tuerca definitiva para poner al país de rodillas ante la oligarquía financiera. Es la muerte casi absoluta de la poca democracia que nos quedaba. Como en el pueblo del ejemplo, tenemos dos alternativas: quedarnos quietos esperando una indigna muerte o reunirnos en plaza pública y tomar las riendas de nuestro destino. Misión difícil pero obligada.

Texto de la Reforma Constitucional

    Reproduzco el texto de la reforma constitucional pactado entre el PP y el PSOE. Puede que tenga algún mínimo cambio aún. Pero, salvo sorpresa monumental, el texto será algo muy parecido a esto y sin referendum de por medio. La valoración la reservo para una posterior reflexión a bote pronto, aunque imaginaréis que no es para nada positiva.

    El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue: "1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

    3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

    El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

    4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

    5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

    b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

    Disposición adicional única

    1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012. 2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3. 3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

    La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España".

España y el Vaticano: 7 Años de Desencuentros

El Papa Benedicto XVI clausuró ayer la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Un encuentro que reunió a más de un millón de jóvenes católicos llegados de todo el mundo pero que no estuvo exento de polémica. También podría haberse cerrado un periodo de la historia de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno español marcado por la confrontación desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero.

La controvertida visita del Papa Benedicto XVI a España ha concluido con un llamamiento al cierre de filas en torno a la Iglesia. "Seguir a Jesús en la fe es caminar con él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguirlo en solitario” afirmaba el pontífice en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El encuentro ha estado salpicado por una gran controversia social en torno a su financiación, derivando en fuertes protestas laicistas y enfrentamientos entre peregrinos y manifestantes, así como cuestionables actuaciones policiales que están siendo objeto de investigación.

Las numerosas manifestaciones laicistas que se produjeron en Madrid durante la semana pasada reclamaban la ausencia total de financiación pública en una celebración que consideraban un acto privado. Desde la organización de la JMJ, así como desde las autoridades, se señaló que las instituciones españolas no han aportado ni un solo euro al evento, asegurando que su financiación corrió a cargo de los peregrinos en un 80%, cubriéndose el 20% restante mediante la participación de empresas privadas. Así todo, los críticos denuncian los costes derivados de la cesión de centros educativos públicos para la pernoctación de los peregrinos que han recorrido toda la geografía española desde días antes al comienzo de la JMJ. Igualmente, censuraron los descuentos en los pasajes del metro de Madrid, la organización de uno de los mayores operativos policiales de la historia de España y la participación en los actos de cuerpos del ejército como la Legión y la patrulla aérea Águila, esta última suspendida por cuestiones meteorológicas.

Una visita polémica y controvertida, tanto como lo han sido las relaciones entre el Vaticano y el gobierno español desde el ascenso a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Unas tensas relaciones que no han sido pasadas por alto por el pontífice que, en su interrumpido discurso del sábado en el aeródromo de Cuatro Vientos, atacó a las leyes que “ponen en duda la dignidad inestimable de la vida”. Para Benedicto XVI "una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana”. Una crítica que, sin citarla, estaba claramente dirigida contra la legislación española en materia de aborto o de muerte digna, esta última aún en tramitación. Estas leyes son sólo dos de los muchos y profundos desencuentros habidos entre el gobierno de Zapatero y la jerarquía eclesiástica.

CRÓNICA DEL DESENCUENTRO

El primer gran choque entre Madrid y el Vaticano se dio en 2005 cuando el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que reformaba el Código Civil español, permitiendo el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo y todas las consecuencias derivadas del hecho matrimonial, es decir, la adopción conjunta, la herencia y la pensión de viudedad. En consecuencia, se producía una equiparación total entre el matrimonio heterosexual y homosexual. El Partido Socialista daba así cumplimiento a una promesa electoral que situó a España en vanguardia mundial en materia de igualdad de derechos del colectivo gay y lésbico.

Por aquel entonces, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, Director del Pontificio Consejo para la Familia, declaraba que la ley española “cambiaba y falsificaba la definición de matrimonio”, una institución que “se estaba destruyendo”. Igualmente, arremetió contra el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo declarando que “destruye el futuro de los niños” que de esta manera “sufren violencia moral”.

Poco tiempo después, en ese mismo año de 2005, llegaría el segundo desencuentro, con la legislación que daría paso a lo que se conoció como “divorcio express”. Entre otras reformas, la nueva reglamentación para la ruptura matrimonial agiliza el proceso, eliminando la obligatoriedad de separación previa y reduciendo de un año a 3 meses el tiempo que ha de transcurrir desde la celebración de las nupcias. Esta nueva reglamentación se enmarca dentro de la política contra la violencia de género, pretendiendo de esta manera eliminar situaciones potencialmente peligrosas para las mujeres maltratadas. Una legislación que para la Conferencia Episcopal Española traerá “más divorcios y más sufrimiento. Porque la Ley no parte de una buena concepción antropológica del matrimonio como institución social fundamental, sino más bien de una ideología individualista que lo reduce a un mero contrato entre particulares”.

En 2006 el gobierno aprobaba el texto del proyecto que en 2007 se convertiría en la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida por “Ley de Memoria Histórica”. A pesar de ser una ley muy criticada por las asociaciones memorialistas, calificándola alguna de ellas como una ley de punto final, tampoco dejó conformes a los sectores más conservadores de la sociedad española, entre ellos la propia Iglesia.

En la instrucción pastoral publicada entonces por la Conferencia Episcopal se declara que “una utilización de la memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados. Estas medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino más bien un retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia”.

La jerarquía eclesiástica tampoco quedó indiferente ante las negociaciones abiertas entre el gobierno español y la banda terrorista ETA a raíz de la tregua declarada por esta en el año 2006, que saltarían por los aires con el atentado de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Para Juan Antonio Martínez Camino, Secretario de la Conferencia Episcopal, "ETA no es una interlocutora legítima para nadie y no es moral que los asesinos puedan sentarse a una mesa como interlocutores políticos para negociar con representantes del Estado legítimo".

En ese mismo año se aprobaría la nueva ordenación del sistema educativo mediante la Ley Orgánica de Educación, que volvió a desatar la polémica en torno a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Esta asignatura pretende promover entre el alumnado “una sociedad libre, tolerante y justa”, siguiendo las orientaciones del Consejo de Europa. Pero para la Conferencia Episcopal “tal disposición implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos”.

En 2010 se producirán los episodios de mayor confrontación con los sectores más conservadores de la sociedad española liderados por la Iglesia, a raíz de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, una de las más avanzadas del mundo. Esta ley despenaliza totalmente el aborto durante las 14 primeras semanas de embarazo y hasta la 22 en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto. En el caso de mujeres de 16 y 17 años se recoge que podrán interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno e incluso sin informar a sus progenitores en caso de que pueda suponer un conflicto familiar. Además, se garantiza que la sanidad pública practicará o financiará en centros privados la interrupción del embarazo.

Esta ley desató las iras de la jerarquía eclesiástica como pocas veces se había visto desde el fin de la dictadura franquista. En la declaración al respecto de la Conferencia Episcopal Española podía leerse que esta legislación es un “serio retroceso en la protección de la vida” que “otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado”. Tal fue la preocupación de los obispos que no dudaron en participar e incluso convocar a una movilización por las calles de Madrid en contra de la nueva ley.

La jerarquía católica sí consiguió una victoria sobre el gobierno de Zapatero en la batalla en torno al proyecto de nueva Ley de Libertad Religiosa, que pretendía profundizar en la neutralidad religiosa del Estado. Una ley que el gobierno acabó por descartar ante la oposición de la Iglesia y la derecha política y que la izquierda consideraba insuficiente.

Hoy la confrontación continúa en torno a la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, actualmente en trámite parlamentario, que regulará el derecho de los pacientes terminales al uso de sedaciones y a la renuncia de tratamiento médico aunque esto pueda acelerar la muerte. Los obispos españoles se oponen a esta ley argumentando que "podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas".

Todos estos encontronazos llevaron al propio Benedicto XVI a declarar en 2010 que en España se estaba desarrollando "un laicismo, un anticlericalismo y un secularismo fuerte y agresivo" como el que se desarrolló "a partir de los años 30, cuando los católicos fueron perseguidos". Estas afirmaciones desataron un aluvión de críticas ante lo que se podría considerar como una justificación del levantamiento fascista contra la II República y la posterior dictadura franquista.

UN FUTURO MÁS CORDIAL

Pero no todo han sido desencuentros. A pesar del compromiso de autofinanciación de la Iglesia, la realidad es que hoy son 6000 millones de euros los que anualmente recibe la institución católica, sin vislumbrase la concreción de la autofinanciación a corto o medio plazo. Es más, durante el gobierno de Zapatero, la asignación a la Iglesia en el impuesto de la renta aumentó en un 37%, cosa ampliamente criticada por la izquierda española y sectores laicistas.

En otro sentido, y al margen de la polémica sobre su financiación, la celebración en España de la Jornada Mundial de la Juventud es un ejemplo más del acercamiento entre Madrid y el Vaticano. Es evidente que sin la colaboración de las administraciones públicas españolas el acontecimiento jamás podría haberse producido. Y en este marco podrían haberse establecido las bases de unas futuras relaciones más cordiales entre el gobierno español y la Iglesia Católica.

De hecho, el Ministro de la Presidencia español, Ramón Jáuregui, aprovechó la ocasión para iniciar con el Secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, la negociación sobre el futuro del Valle de los Caídos. La basílica, símbolo de la represión franquista y lugar dónde residen los restos del dictador Francisco Franco y del fundador del fascismo español José Antonio Primo de Rivera, es gestionada por una comunidad de monjes benedictinos. El gobierno, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pretende exhumar los restos de ambos y convertir el conjunto monumental en un espacio para la memoria. Pero anhela hacerlo de manera consensuada, evitando así un nuevo y polémico enfrentamiento con la Iglesia.

Benedicto XVI y la jerarquía eclesiástica son perfectamente conscientes de que no sólo estamos asistiendo a los estertores del gobierno de Rodríguez Zapatero, sino muy probablemente al final del Partido Socialista en el poder. Si en la cita electoral de Noviembre sucede lo que todas las encuestas anuncian, la derecha conservadora tomará las riendas del país bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, con quien el Papa Ratzinger también se ha reunido en estos días. A partir de ese momento se recuperará la casi perfecta sintonía de antaño y sólo quedará por descubrir el grado de compromiso del Partido Popular para recular en las legislaciones más polémicas. Hasta la fecha, el líder conservador ha anunciado que un hipotético gobierno con él al frente derogaría el matrimonio homosexual, la actual ley de aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Está por ver si la sociedad española se lo permitirá.

Reflexiones a Bote Pronto: El Paraiso Asturiano se Paga

    Vivir en el paraíso se paga… y vaya si lo estamos pagando este año. No es que los asturianos necesitemos largas semanas de sol ardiente ni de temperaturas más cercanas a los 40 grados que a los 30, pero al menos tener una estación que merezca el nombre de verano no estaría mal. Porque, más que verano, este año hemos disfrutado de un benigno otoño que adelantó su inicio 3 meses. Y si en algún momento hemos vivido en una verdadera época estival, esta se ha circunscrito a 3 o 4 días repartidos de mala manera. Con lo cual hemos tenido que entregar, una vez más, nuestro periodo de asueto estival a la forma de veraneo que nos ha hecho famosos, a saber, comer y beber hasta la extenuación. Aunque, sinceramente, tampoco es un mal plan.

    Como decía, vivir en el paraíso se paga y así es como lo pagamos los asturianos. La perfecta combinación de alta montaña, naturaleza verde, playa y clima suave, reunido todo ello nuestros poco más de 10000 kilómetros cuadrados, y de lo que disfrutamos 365 días al año, trae su factura en forma de lluvias incesantes, casi eternos días grises y un constante frescor ambiental que se extiende hasta el pleno verano. Por ello, este humilde gestor de este poco exitoso blog, haciendo uso de su escaso tiempo libre, se agarra unos días y se cruza la península por la histórica arteria romana de la Ruta de la Plata, en busca de eso que llamaban verano. De él saben mucho en la ciudad del olor a azahar. Cambio, sólo temporalmente, la sidra por el rebujito, la fabada por el gazpacho y, sobre todo, este otoño adelantado por el más genuino y abrasador verano. Y, para que sanamente me envidiéis, os dejo un par de videos, para que sepáis de dónde parto y hacia dónde voy. Hasta dentro de una semana mis escasos, pero ilustres, lectores.

Reflexiones a Bote Pronto: Golpe de Estado Financiero Permanente

    Es hora de ir poniendo nombre al momento histórico que estamos atravesando. La constante incertidumbre sobre las economías de los países denominados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) es un fenómeno que va más allá de la pura crisis económica. Porque las tensiones que hacen tambalearse, día sí día también, las economías nacionales son fenómenos perfectamente planificados, con ejecutores perfectamente identificables. No nos engañemos, detrás de esa especie de dioses vengativos y castigadores a los que se llama “mercados” hay grandes oligarcas y compañías transnacionales, cuyo poder es tan inconmensurable que la lista de verdugos de nuestras cuentas no sería muy larga. Con sólo escarbar mínimamente detrás de las famosas agencias de calificación Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, que se han erigido en jueces y partes del negocio mundial, obtendríamos datos muy clarificadores.

    Los fenómenos de estos últimos meses ya no son situaciones incontrolables, únicamente son escenarios aparentemente arbitrarios a los cuales siempre se les da la misma solución: recortes sociales, desregulación laboral, reducciones salariales, aumento de impuestos indirectos, etc… Siempre, de manera incesante como un martillo pilón, nos dan la misma receta para solucionar problemas que pocos meses después reaparecen, reapareciendo con ellos el mismo discurso. Qué triste es ver como un Ministro de la octava potencia mundial tiene que regresar apresuradamente a su país para poner en marcha estas recetas de un día para otro, ante el peligro de colapso de la economía italiana.

    Por tanto, no nos engañemos, no hay solución dentro de sus reglas. No hay solución porque no nos proponen soluciones, lo que nos proponen son sus objetivos perfectamente planificados de antemano y para los cuales se configuran determinados escenarios. Y eso, para nosotros, para los trabajadores y las clases populares, es profundizar en el problema.

    Ahora estamos pagando la factura por nuestra tibieza pasada ante la ola neoliberal. Una ola que a muchos nos cegó en Europa, metiéndonos en una vorágine consumista que parecía no tener fin. En pro de ello hemos arrasado con la ya deficitaria democracia surgida de la II Guerra Mundial y de las dictaduras militares que se finiquitaron en los años 70. Hemos puesto el control de nuestras economías en manos de unos dioses que, a pesar de tener nombres y apellidos, llamamos mercados. Y les dimos las llaves de las ya laxas cadenas con las que un día tímidamente los sujetamos. Ahora pareciera que esas mismas cadenas aprietan las manos trabajadoras de toda Europa, exprimiendo como nunca para mayor gloria de la competitividad y el beneficio. Hoy, como antaño, sólo tenemos que perder nuestras cadenas. Despertemos y atrevámonos.

    No hay esperanza dentro los cada vez más estrechos márgenes de esta ficción democrática. La única manera de construir algo a lo que pueda llamarse democracia, sin causar sonrojo, es recuperando la soberanía económica. Para ello hay que romper con ciertas instituciones, en lo que sería el acto político destructivo más creador de esperanza. Hay que romper de manera incuestionable con el Fondo Monetario Internacional y dinamitar esta Europa de los mercados llamada Unión Europea, para comenzar a hablar de una Europa de los pueblos.  Mientras no transitemos por este duro, pero necesario, camino, seguiremos sufriendo las consecuencias de un periodo histórico que podríamos denominar como Golpe de Estado Financiero Permanente.