ETA: Cuando las Pistolas Hablaban de Política

Es curioso que uno tenga que encontrarse con el mejor debate que ha podido ver sobre ETA en un canal iraní. Ello no habla nada bien de los medios de comunicación españoles en los que, a poco que te salgas de la línea de pensamiento oficial al respecto, poco menos que te acusan de terrorista. Fort Apache, el nuevo programa del canal HispanTV, abordó de manera valiente el asunto de ETA y el fin de la violencia política en Euskadi, en un inusitado ejercicio de divulgación histórica y política que merece el reconocimiento de este blog. Ello se lo debemos a Pablo Iglesias, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que ejerce de presentador y moderador y con el cual tengo el gusto de compartir una pasada militancia política y algún que otro enfrentamiento interno.

España, Más Cerca de la Paz con ETA

El colectivo de presos de ETA se ha sumado al “Acuerdo de Gernika” por el que se pide a la organización terrorista el fin de su actividad armada. Un paso que parece acercar a España al final del terrorismo, en un momento en el que ETA ha abierto el debate interno sobre la continuidad de la estrategia militar.

La paz definitiva en Euskadi parece un poco más cerca tras los acontecimientos de este fin de semana. El pasado domingo, tal y como habían anunciado el viernes, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera), es decir, el colectivo de presos de ETA, escenificó su adhesión al “Acuerdo de Gernika”. Un anuncio que acompañaron de la histórica reivindicación del acercamiento de los presos etarras al País Vasco, como primer paso hacia una futura amnistía, a la vez que reclamaron para su colectivo el reconocimiento de un papel activo en la resolución del conflicto vasco. 

Un anuncio que fue recibido con esperanza por gran parte de la sociedad española, ya que supone sumarse a la voluntad expresada por la izquierda abertzale de renunciar a la violencia como medio para alcanzar fines políticos. En el arco político, tanto vasco como español, las reacciones fueron desde las más eufóricas provenientes de la propia izquierda independentista vasca, hasta las más desconfiadas del conservador partido popular, pasando por las moderadamente optimistas del gobierno y el Partido Socialista. Así, ayer mismo, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaraba que “es un paso significativo hacia el fin de la violencia, con toda la prudencia que exige que nos estemos acercando a ese momento”. 

A pesar de todo, desde fuentes gubernamentales se considera insuficiente, tal y como lo expresaba el Portavoz del Gobierno, José Blanco, quien señalaba que no es el paso que la sociedad española desea “porque no es definitivo ni es el que anuncia el final de ETA". “Prudentemente satisfecho” se mostraba el candidato socialista a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque rechazó la posibilidad de una amnistía colectiva para los presos de ETA como estos han reclamado, no así individual en el marco de lo establecido en el Código Penal.

Desde la izquierda independentista vasca se reclamaron pasos concretos por parte del Gobierno central. Peio Urizar, de la coalición independentista Bildu, reconoció que estar a las puertas de una campaña electoral no es la coyuntura más favorable, pero señaló “que el Gobierno tiene posibilidades de hacer cosas sin que sean públicas". Y en un sentido radicalmente contrario se expresaba Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, que aseguraba no ver “un cambio sustancial”. “Lo decisivo es un comunicado de ETA diciendo que se disuelven”, manifestaba el más que probable próximo Presidente del Gobierno.

EL "ACUERDO DE GERNIKA" Y EL DEBATE EN ETA

Por “Acuerdo de Gernika” se conoce al "Acuerdo para un Escenario de Paz y Soluciones Democráticas" adoptado hace un año por la izquierda abertzale y otras fuerzas políticas y sociales vascas, con el fin de superar la violencia política que golpea Euskadi desde hace más de medio siglo. En él se solicita a ETA un “alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada”, cosa esta última aún no expresada por la banda.

Asimismo, reclama del Estado “el reconocimiento de todos los derechos civiles y políticos”, “el cese de la actual política penitenciaria” y “el levantamiento de las medidas prohibitivas de la actividad política a militantes y organizaciones independentistas”. A su vez, apuesta por el “uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas” y contempla la “necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas”.

El hecho de que el colectivo de presos de ETA se haya sumado a este acuerdo es muy significativo por diversos motivos. En primer lugar, porque históricamente ha sido un colectivo muy radicalizado y que insistentemente ha defendido la necesidad de la continuidad de la actividad armada. 

En segundo lugar, por su número. Este colectivo representa a más de 700 presos que no han renunciado a su militancia en ETA. Una militancia que compartirían con unos 70 miembros en la clandestinidad y otro centenar refugiado en diversos países de América Latina. Un número, el de los presos, que supone una clara mayoría en el seno de la organización armada y que con cuya decisión se estima que sólo habrían manifestado disconformidad entre el 10 y el 15% de los reclusos. Y no habría que obviar la influencia que podrían tener otra treintena de presos que anteriormente se habían sumado al “Acuerdo de Gernika” tras abandonar la disciplina etarra y que ya disfrutan de beneficios penitenciarios en el penal de Nanclares de Oca, provincia de Álava.

Por tanto, esta decisión parece avanzar la conclusión del debate que desde hace meses se desarrolla en el seno de ETA y en el cual la decisión sobre la continuidad de la vía armada es la parte fundamental. Que haya sido el colectivo de presos quien primero se ha manifestado, da a entender que la cúpula de ETA ha dejado de controlar a sus miembros encarcelados, agobiados por los constantes golpes policiales y cansados de una cada vez más joven e inexperta dirigencia en la banda. En su lugar, sería la antigua Batasuna, bajo el liderazgo de Arnaldo Otegi, quien gozaría de más apoyos, primando hoy, después de mucho tiempo, el brazo político sobre el militar.

Tal es así que una de las personas del colectivo elegidas para escenificar la firma del Pacto de Gernika, acompañado de otros 27 ex presos, es muy significativa. Junto a Gloria Rekarte, encarcelada durante 20 años, estampó su firma Jon Agirre Agiriano, condenado en 1981 a 30 años de cárcel por el asesinato de tres personas, entre ellas un niño de 13 años, que siempre ha sido considerado uno de los duros del colectivo de presos. Un histórico etarra que el pasado mes de Mayo recobró su libertad tras cumplir condena sin haberse arrepentido y que podría evidenciar el ánimo de renuncia a la violencia por parte de los sectores más duros de ETA.

LA APARENTE RIGIDEZ DE ZAPATERO

Desde el gobierno se sigue manteniendo la línea de firmeza frente al proceso de paz, al menos públicamente. No sólo sigue negando la posibilidad de que haya ningún tipo de conversación con la banda armada o su entorno, sino que asegura que sólo espera el comunicado que ponga fin definitivo a la actividad terrorista. Así las cosas, las instituciones del Estado continúan con su actividad policial y judicial, aparentemente abstraídas del proceso. 

Sólo así se entiende la reciente condena a 10 años de  prisión que ha caído sobre Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales por el caso “Bateragune”, un intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna, y en cuyo accionar el tribunal ha considerado que recibían órdenes de ETA. Durante el juicio, el dirigente vasco manifestó reiteradamente que ETA “sobra y estorba” en la estrategia independentista, lo que no fue suficiente para evitar la condena. Ahora parece que es el propio Otegi quien se ha alzado con el liderazgo entre los presos de ETA y puede ser quien determine las conclusiones finales del debate interno de la banda.

En protesta por esta condena, 23000 personas salieron a la calle en Bilbao este sábado. Al final de la marcha se leyó un comunicado redactado por el propio Otegi en el que aseguraba que “existen todavía poderosas fuerzas instaladas en los diferentes ámbitos del Estado que manejan una agenda que tiene como único objetivo impedir la paz en Euskal Herria".

A pesar de la negativa a la apertura de conversaciones con ETA, parece difícil pensar que la aparente rigidez gubernamental sea un hecho a todos los niveles, especialmente cuando desde el propio gobierno se reconoce que se está “muy cerca del final”. Aunque difícilmente habrá pasos claros por parte de un gobierno al que le quedan pocas semanas de existencia. Todo apunta a una victoria conservadora en las elecciones del 20 de Noviembre y, por tanto, la gestión final del proceso de paz caerá en manos de Mariano Rajoy. En ese contexto habrán de fijarse las condiciones de una paz definitiva, en la que ETA exigirá, cuando menos, el cumplimiento de las condenas de sus presos en cárceles de Euskadi, así como la apertura de vías para el disfrute de beneficios penitenciarios y, por supuesto, la legalización del partido de la izquierda abertzale Sortu.

Comunicado del Colectivo de Presos de ETA

    Con ánimo estrictamente informativo y por la más que evidente importancia del acontecimiento, reproduzco el comunicado hecho público ayer por el colectivo de presos de ETA (EPPK). En próximos días analizaré el estado del proceso de paz...

    Ha transcurrido un año desde que 30 agentes vascos del ámbito político, sindical y social firmasen en la localidad de Guernica que tiene un significado tan especial para los vascos, el “Acuerdo de soluciones democráticas”, en camino hacia la paz”. 

    El acuerdo supuso un salto en el proceso que tiene como meta dar una resolución democrática al conflicto político y a la violencia que vive nuestro pueblo. El reconocimiento de nación de Euskal Herria, así como el derecho que tiene ésta para decidir su futuro y el respeto a la palabra de la ciudadanía vasca, sobre todo ello en donde gira este amplio acuerdo, el Acuerdo de Guernica puso en marcha la acción en pro de la garantía del respeto de los derechos civiles y políticos de todos los vascos.

    La disponibilidad de hacer juntos el recorrido político hacia la democracia que le corresponde a Euskal Herria, la trayectoria hacia el escenario asentado en la justicia y en el reconocimiento político fue expresado por el Colectivo de Presos Políticos Vascos en su día. Reivindicamos la necesidad de alinear en clave de resolución del conflicto, la política penitenciaria que tanto los Estados de España y Francia tienen en vigor dentro de la estrategia de opresión y represión hacia Euskal Herria , siendo la Amnistía total la referencia y el sentido ineludible. Asimismo subrayamos la necesidad de materializar el estatus político que recoja nuestros derechos civiles y políticos entre las condiciones democráticas de mínimos. Las reivindicaciones que hizo públicas el Colectivo de Presos Políticos Vascos los recoge pues el Acuerdo de Guernica, el acuerdo manifiesta una postura clara a favor del levantamiento de la extrema situación que sufrimos, así como la postura en pro de que sean llevados a Euskal Herria todos los presos, como una especie de primer paso en el camino hacia la amnistía.

    El EPPK en la medida que es un agente importante en Euskal Herria así como forzoso en el proceso de resolución, nuestra participación en este proceso es un derecho. Más aun, con total humildad pero con pleno convencimiento decimos esto: para poder representar y alcanzar la resolución misma del conflicto que sufre nuestro pueblo, nos consideramos como un agente al que no se le puede dejar de lado.

    Ha sido el referente para hacer el camino hacia la resolución definitiva del conflicto que los Estados español y francés han impuesto a Euskal Herria, para hacer el camino al escenario que garantice el reconocimiento de Euskal Herria, la aceptación del derecho a decidir sobre nuestro futuro y que tal decisión sea respetada, y lo ha sido desde el mismo momento en que nació el Acuerdo de Guernica, así lo cree el EPPK. Así se lo expresamos, primero a los agentes que firmaron el acuerdo y después a la sociedad vasca en febrero de 2010.

    En aquel entonces les pedimos a los agentes que hicieran el esfuerzo de que dialogásemos sobre lo que se ha mencionado, que intercambiáramos opiniones y en definitiva para que el EPPK fuera parte del acuerdo, de una manera normalizada, en su desarrollo y actividad.

    Ha sido modélica y digna de aplauso la acogida que obtuvo nuestra invitación y la respuesta que ofreció el Acuerdo de Guernica.

    El Acuerdo de Guernica ha dado un paso tremendo en pro de hacer realidad el reconocimiento de la capacidad de agente del EPPK así como su participación en el proceso que es tan necesario. Ha colocado un pilar en la materialización política del Estatus político del EPPK.

    A lo largo de estos meses se han dado aclaraciones en referencia al contenido del Acuerdo. En ese sentido, y en el sentido de la línea adoptada dentro por el EPPK, ha quedado claro la necesidad de aplicar de manera inmediata y sin contrapartida alguna los derechos que nos son propios. Así lo reivindicamos y ése es el clamor que cada vez está más extendido entre la sociedad vasca. En efecto, porque los miembros que conformamos el Colectivo de Presos Políticos Vascos desde siempre hemos primado nuestro carácter político y colectivo. 

    Nuestra lucha es la lucha de Euskal Herria, la lucha en pro del reconocimiento de nuestro pueblo; ciertamente la lucha a favor de la soberanía de nuestro pueblo. En ese sentido, nos situamos más allá de los intereses particulares. Los componentes de este Colectivo tenemos el compromiso total con esa lucha, y aceptamos, desde esta trinchera de lucha, soluciones y no la perversa política de beneficios personales que el sistema carcelario construido por España y Francia con la intención de destruir nuestro carácter tanto político como humano, nos ofrece. 

    Los vascos que estamos organizados en el Colectivo de Presos Políticos Vascos de siempre nos hemos enfrentado al sistema represivo penitenciario y al chantaje que tiene como objeto la utilización política perversa. Nuestras decisiones y actitudes de siempre las hemos posicionado a favor de los objetivos que ha marcado el Colectivo, así como a favor de los objetivos antes citados. Y así será en el futuro. En ese sentido ha sido importante el proceso de aclaración que se ha dado a lo largo de estos meses.

    Más allá de situaciones extremas y de derechos concretos, por parte del Acuerdo de Guernica, ha tenido eco la reivindicación a favor de la participación del EPPK en el proceso de resolución del conflicto. Pese a que tanto Madrid como París siguen sordos, ha sido modélica la labor en la toma de postura en pro de los nuestro derechos mínimos entre la sociedad vasca, realizada por el Acuerdo de Guernica junto con los otros agentes y movimientos. 

    Unida a los derechos, no ha sido estéril el protagonismo que ha asumido Guernica a favor de la garantía de nuestra participación en el proceso del conflicto que nos hacen padecer, así como el esfuerzo hecho en tal fin, aunque Madrid y París hayan intentado cercenar la relación directa entre nosotros, la relación que hemos tenido en estos meses, superando las trabas referidas, ha dado sus frutos.

    El EPPK aplaude el valor y la voluntad de los agentes que son parte de Guernica. La actitud y la acción respecto al EPPK ha sido modelo en el camino de hacer realidad el estatus político del colectivo que conformamos.

    En el comunicado hecho público el 27 de diciembre de 2010 decíamos así “se ha hablado de la necesidad de un Proceso democrático, así como de profundas reflexiones, de amplios debates y de decisiones políticas. Una trayectoria política que debe ganar su puesta en marcha, su desarrollo y su materialización, la cual nos debe llevar a una resolución democrática definitiva: precisamente el reconocimiento de Euskal Herria, la aceptación del derecho a decidir sobre su futuro y el respeto a su decisión.

    En el camino hacia la sustantivación de ese Escenario democrático ha sido referencia el Acuerdo de Guernica para el EPPK, y en esa medida queremos hacer saber a la sociedad vasca que coincidimos y nos sumamos al Acuerdo. Por encima de todos los límites, trabas que nos imponen los estados que nos tienen cautivos, el EPPK dentro del Acuerdo de Guernica y a tenor del contenido del mismo, expresa el firme compromiso de impulsarlo hacia adelante en el proceso democrático.

    Resquebrajar las actitudes que tienen como objeto eternizar la cerrazón-ceguera y el conflicto y alcanzar el escenario que garantice para nuestro pueblo un futuro libre no es pues un desafío nimio. En cambio tenemos un compromiso pleno, sobre el convencimiento de que el proceso que tenemos en marcha nos llevará a cristalizar los objetivos, de llevar a su culminación el proceso democrático, y los conseguiremos.

    ¡Será Euskal Herria!

    ¡Viva Euskal Herria libre!

    Septiembre 2011

España: Bildu Estará en las Elecciones

El Tribunal Constitucional español corrige la anulación de las candidaturas decretada por el Tribunal Supremo. Un único voto de diferencia permite a la izquierda independentista vasca volver a las instituciones. La decisión influirá en el desarrollo de la campaña electoral y en el proceso de paz con ETA.

In extremis, pero la coalición Bildu (Reunir) podrá concurrir a las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar el próximo 22 de Mayo. Así lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional español, corrigiendo al Tribunal Supremo que había anulado las listas de la coalición vasca el pasado 1 de Mayo. Este último consideraba probado que Bildu era un instrumento ideado para permitir la entrada de la organización terrorista ETA en las instituciones. Sin embargo, la mayoría de los miembros del órgano constitucional han rechazado esta tesis y han dado prioridad al derecho ciudadano a la participación política y al acceso a los cargos públicos que recoge la Carta Magna española.

El máximo órgano constitucional español tenía hasta la pasada medianoche para confirmar o rechazar la sentencia del Tribunal Supremo. A esa hora se daba el pistoletazo de salida a una campaña electoral en la que aún no se sabía si podría participar Bildu. No dejaba de ser paradójico que un tribunal caracterizado por la extremada demora en la toma de decisiones, que en algunos casos superó los dos años, tuviera que adoptar una decisión de tal calado en poco más de 24 horas.

En torno a las 20:30 se conocía que la Sala Segunda del Tribunal, inicialmente encarga de la toma de la decisión, derivaba esta al pleno del órgano al darse un empate a tres en la votación. Así comenzaban a cumplirse las previsiones que contemplaban una votación favorable a Bildu de los tres magistrados progresistas y contraria de los tres conservadores. Llegados a este punto los acontecimientos favorecían claramente a la coalición abertzale (izquierda independentista vasca) ya que la distribución ideológica del pleno es de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Así todo, uno de los magistrados progresistas avaló la sentencia del Tribunal Supremo, produciéndose un resultado final favorable a Bildu por seis votos contra cinco, y que se daba a conocer minutos después de la medianoche.

El contenido concreto de la sentencia aún tardará varios días en ser conocido. Cuando este sea público habrá que analizar los argumentos jurídicos en los que se basa el tribunal para anular la sentencia del Supremo. Y, especialmente, habrá que ver que es lo que tiene que decir sobre el informe que la Guardia Civil presentó a última hora y en el que se aseguraba que Eusko Alkartasuna, uno de los partidos que conforma Bildu, se reunió con ETA en Febrero de 2009 para diseñar la estrategia de cara a la presencia en estas elecciones.

De esta manera se cierra un proceso judicial que comenzaba en Enero con la presentación del nuevo partido político abertzale Sortu (Nacer), que sería ilegalizado por el Tribunal Supremo. Posteriormente se constituiría la coalición electoral Bildu, formada por los partidos legales Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca) y Alternatiba, junto con personas ligadas al independentismo vasco que participan a título individual.

CONSECUENCIAS

Esta resolución seguramente trastocará el devenir de la recién inaugurada campaña electoral, no sólo en Euskadi sino en toda la geografía española. Una campaña en la que ya se preveía poco debate y poca propuesta en torno a los problemas de los municipios y las autonomías, y que puede convertirse en un combate alrededor de Bildu, ETA y la lucha antiterrorista. Las insinuaciones, cuando no abiertas acusaciones, provenientes de las filas conservadoras pueden agudizarse. Estas apuntaban a un supuesto acuerdo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA para que la ilegalizada Batasuna pudiera presentarse a las elecciones. La cuestión Bildu, junto con el caso Faisán (una investigación sobre un aviso policial a etarras para evitar su captura), y la publicación de las actas elaboradas por ETA durante la pasada negociación con el gobierno, ya configuraban un clima político muy crispado que ahora probablemente empeorará. Y, en consecuencia, se resentirá el pacto antiterrorista alcanzado entre los dos grandes partidos.

También habrá que observar detenidamente la reacción del electorado ante la legalización de Bildu. Será muy significativa la evolución de las encuestas a partir del día de hoy, cuando estas prevén una debacle socialista de proporciones históricas que les llevaría a perder varios feudos tradicionales como Extremadura y Castilla la Mancha.

Por otro lado, sectores de la izquierda y el nacionalismo se congratulan al ver como el Tribunal Constitucional pone fin a una situación que calificaban de déficit democrático. Asimismo, consideraban que la ilegalización de las candidaturas de Bildu podría reforzar las posiciones más radicalizadas de la banda armada y echar por tierra el proceso de paz. Tras el alto el fuego “general, permanente y verificable” y el anuncio del fin del cobro del llamado impuesto revolucionario a los empresarios vascos por parte de ETA, así como el rechazo a la violencia por parte de Bildu, hoy el Tribunal Constitucional abre las puertas para continuar el camino hacia la paz. Parece lógico pensar que el siguiente paso tenga que venir desde las filas de ETA. De efectivamente darse, probablemente lo haga tras la consulta electoral, una vez se conozca el peso de todas las fuerzas políticas en Euskadi y Navarra.

España: Sortu y el Final de ETA

El 7 de Febrero la izquierda abertzale presentó un nuevo proyecto político con el que manifiesta su rechazo expreso al uso de la violencia, incluyendo la de ETA. Desde entonces, la posibilidad de que esta formación política concurra a las elecciones de Mayo, ocho años después de que Batasuna fuera ilegalizada, centra el debate político español. Que esta opción se materialice podría ser fundamental para que el proceso de paz finalice exitosamente.

Sortu es el nombre que la izquierda abertzale (patriota) ha elegido para bautizar al nuevo proyecto político que se anunció hace dos semanas y con el cual pretende concurrir a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de Mayo. Sortu es un término vasco que significa nacer o surgir. El nombre elegido es toda una declaración de intenciones en si mismo, dando a entender que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva realidad política en Euskadi. Pero, a pesar de que parece que estamos más cerca que nunca de generar un escenario político vasco sin presencia de la violencia, aún quedan muchas trabas que sortear.

El pasado 5 de Septiembre ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Euskadi Y Libertad) anunciaba el cese unilateral de las “acciones armadas ofensivas” y el 10 de Enero decretaba un alto el fuego “permanente, general y verificable”. Así comenzaba a vislumbrarse la posibilidad de la paz definitiva. Desde entonces, diferentes voces del entorno de la ilegalizada Batasuna (Unidad) anunciaban que este proceso de paz era un camino sin retorno. Y lo reafirmaba Rufi Etxeberría el pasado día 7 durante la presentación del nuevo partido político, cuando manifestaba que “la izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos, y eso incluye la violencia de ETA”.

Este claro desmarque de la violencia se confirma en el contenido de los estatutos que Sortu ha presentado ante el Ministerio del Interior para su registro como partido político. En ellos, hasta en 9 ocasiones declara su oposición a la violencia, incluyendo varias alusiones textuales a ETA, se apuesta por el uso exclusivo de las vías políticas y democráticas y se muestra favorable al reconocimiento y reparación de todas las víctimas del terrorismo.

Asimismo, puntualizan que Sortu supone una ruptura con proyectos políticos del pasado, queriendo romper toda línea de continuidad con Batasuna. En este sentido, los promotores elegidos para iniciar la andadura de Sortu no tienen ninguna vinculación en el pasado ni con ETA ni con Batasuna. Entre ellos destacan su portavoz Iñaki Zabaleta, Catedrático de Periodismo de la Universidad del País Vasco, y su Secretaria General Maider Etxebarría, Doctora en Geología.

Así las cosas, parece que la nueva marca de la izquierda abertzale cumple con escrupulosidad con la ley de partidos. Pero gobierno central y vasco, partidos de la oposición, víctimas del terrorismo y, en definitiva, el conjunto de la sociedad española, se han embarcado en un debate que en muchos casos se desvía hacia el grado de sinceridad y la verdadera intencionalidad de Sortu, lo cual difícilmente puede someterse a valoración jurídica. 

En todo caso, Sortu no es la única opción. Así lo aseguraba el dirigente abertzale Txelui Moreno el pasado día 16 cuando afirmaba que “independientemente de que Sortu esté o no esté, la izquierda abertzale estará en las elecciones”. De esta manera las miradas comienzan a dirigirse hacia el proceso de elaboración del Herri Programa (Programa Popular), de dónde podrían surgir candidaturas adaptadas a cada circunscripción electoral. Otra posibilidad es la confluencia de Sortu con los partidos legales Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca) y Alternatiba (escisión vasca de Izquierda Unida) en una marca electoral construida sobre el acuerdo ya existente entre las tres fuerzas políticas denominado Euskal Herria Ezkerretik (País Vasco desde la Izquierda).

LAS REACCIONES DEL ARCO POLÍTICO

Desde diferentes ámbitos del gobierno y del Partido Socialista se manifiesta una contenida satisfacción por el nuevo rumbo de la izquierda abertzale, aunque escasas son las voces que expresan una decidida voluntad favorable a la legalización de Sortu. De momento, el Ministerio del Interior, dirigido por el Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, enviaba el día 16 a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado la solicitud de registro como partido de Sortu y los informes policiales al respecto, para recurrir su inscripción ante el Tribunal Supremo considerando que “es una continuación de la ilegalizada Batasuna” y que se ha creado “bajo control directo de ETA”. A la decisión de este tribunal se ha remitido el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en sus escasas declaraciones sobre el tema. De esta manera, el gobierno pone la decisión en manos de la justicia evitando, por ahora, tomar una postura inequívoca.

Desde la organización vasca del Partido Socialista, así como desde el gobierno autónomo vasco que ostentan, llegan las voces más optimistas. El Lehendakari (Presidente vasco) Patxi López ha manifestado que la legalización de Sortu “sería una buena noticia” ya que esto demostraría que se cumple con los requisitos democráticos exigidos. Más lejos llega el Presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, declarando que “el lunes (7 de Febrero) fue el primer día de la paz en Euskadi”. 

Otras posturas claramente favorables a la legalización han sido manifestadas desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Y en apoyo a la legalización de Sortu el lunes pasado llegaba a España el sudafricano Brian Currin, encabezando una delegación del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que pretende “animar y asistir a los partidos en el desarrollo de una agenda para el diálogo político”.

La oposición conservadora no se ha hecho esperar y rápidamente ha manifestado su absoluta oposición a la posibilidad de que Sortu se convierta en un partido legal. Hasta tal punto llega su oposición que Ana Mato, Vicesecretaria de Organización del Partido Popular (PP), ha amenazado con la ruptura del acuerdo existente entre los dos grandes partidos y que sostiene al gobierno de Euskadi. Para Mato “ETA está intentado colarse en las listas municipales (…) y no debemos caer en la trampa”.

En el mismo sentido se ha manifestado Ángeles Pedraza, Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), señalando que “la izquierda abertzale es Batasuna, y Batasuna es ETA, (…) asesinos y colaboradores no pueden estar en las instituciones”.

ZAPATERO EN LA ENCRUCIJADA

Parece más que evidente que estamos ante un “check point” que, de no rebasarse, podría hacer fracasar el proceso de paz. La legalización de Sortu y su presencia en las elecciones del 22 de Mayo, puede ser lo que determine el avance hacia el fin definitivo de la lucha armada por parte de ETA. El mantener en la ilegalidad un espacio político que representa a unas 200000 personas (el 15% del electorado vasco que votaba a Batasuna hasta su ilegalización) supondría un déficit democrático y el argumento perfecto para quienes sigan apostando por la estrategia armada. El empuje social que la izquierda abertzale atesora ha quedado evidenciado en la marcha silenciosa que el sábado tuvo lugar en Bilbao. Bajo el lema “bakerantz, legalizazioa” (hacia la paz, legalización) más de 40000 personas exigieron la legalización de Sortu. En el comunicado final, los organizadores solicitaron que “el alto el fuego de ETA se convierta en definitivo”.

 No sería responsable obviar el desmarque que la izquierda abertzale ha hecho con respecto de ETA desde hace año y medio, ni sus peticiones para que la organización armada avance por el camino de la paz. A este punto se ha llegado a partir de que “la izquierda abertzale ha desarrollado un debate de un calado histórico”, señalaba Rufi Etxeberría, que la ha llevado a adoptar la actual postura de rechazo a la violencia. Un debate en el que existieron posturas contrarias a esta nueva fase y que podrían reforzarse ante una eventual ilegalización de Sortu. Y tampoco se deberían eludir las informaciones que señalan un avance de las posiciones favorables al abandono definitivo de las armas en el seno de la propia ETA, que hoy serían mayoritarias en la organización terrorista, y que estarían encabezadas por el histórico dirigente Josu Urrutikoetxea, más conocido como “Josu Ternera”. 

Por otra parte, el gobierno anda con pies de plomo. El fracaso del anterior proceso de paz, que saltó por los aires con el atentado en el aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006, le supuso un desgaste político tan acusado que hoy le lleva a negar la existencia, actual o futura, de ningún tipo de negociación con ETA. Por tanto, aseguran que no hay otra posibilidad que el anuncio de disolución y entrega de armas por parte de la banda armada.

A pesar de todo, la oportunidad histórica ante la que se encuentra el gobierno español es difícilmente desaprovechable. Al margen de que pueda considerarse prematura la apertura de un proceso visible y que, por el momento, se adopte una posición de firmeza, no es descartable que en ciertas instancias del Estado la comunicación con ETA se esté dando. La legalización o no de Sortu puede arrojar luz sobre esta posibilidad.

Así como los costes políticos de un fracaso serían enormes, también enormes serían los beneficios de un éxito que se ha resistido a todos los gobiernos desde el fin de la dictadura de Franco. Y, hoy por hoy, a poco más de un año para las elecciones generales, los sondeos auguran una clara victoria de la oposición conservadora que rozaría la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El coste político de la crisis y de los recortes sociales del gobierno de Zapatero podría ser recuperable con el fin definitivo de la violencia de ETA. Una baza arriesgada pero que quizás el gobierno ya esté jugando.

LOS PROYECTOS POLÍTICOS DE LA IZQUIERDA ABERTZALE TRAS LA DICTADURA: 

-Herri Batasuna (Unidad Popular): Coalición de partidos surgida en 1978 que en 2001 se refunda en Batasuna.

-Euskal Herritarrok (Ciudadanos Vascos): Coalición electoral en la que participa Herri Batasuna a partir de 1998 e ilegalizada en 2003.

-Batasuna (Unidad): Partido político fundado en 2001 e ilegalizado en 2003.

-Sozialista Abertzaleak (Patriotas Socialistas): Nombre del grupo parlamentario de los diputados de Euskal Herritarrok en el parlamento vasco.

-Autodeterminaziorako Bilgunea (Punto de Encuentro para la Autodeterminación): Plataforma electoral creada en 2003 e ilegalizada ese mismo año.

-Herritarren Zerrenda (Lista de Conciudadanos): Agrupación de electores surgida en 2004 e ilegalizada ese mismo año.

-Aukera Guztiak (Todas las Opciones): Agrupación electoral creada en 2005 e ilegalizada ese mismo año.

-Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (Partido Comunista de las Tierras Vascas): Partido político fundado en 2002 cuando se escindió de Batasuna. En 2005 se ofrece para representar a los votantes de Batasuna. Ilegalizado en 2008.

-Abertzale Sozialisten Batasuna (Unidad de Socialistas Patriotas): Partido político fundado en 2007 e ilegalizado ese mismo año.

-Abertzale Sozialistak (Socialistas Patriotas): Agrupación electoral surgida en 2007 e ilegalizada ese mismo año.

-Eusko Abertzale Ekintza (Acción Nacionalista Vasca): Partido político fundado en 1930, reactivado en 2002 e ilegalizado en 2008.

-Demokrazia Hiru Milioi (Democracia Tres Millones): Plataforma electoral surgida en 2009 e ilegalizada ese mismo año.

-Askatasuna (Libertad): Partido político fundado en 1998 e ilegalizado en 2009.

-Sortu (Nacer): Partido político fundado en 2011.