El colectivo de presos de ETA se ha sumado al “Acuerdo de Gernika” por el que se pide a la organización terrorista el fin de su actividad armada. Un paso que parece acercar a España al final del terrorismo, en un momento en el que ETA ha abierto el debate interno sobre la continuidad de la estrategia militar.
La paz definitiva en Euskadi parece un poco más cerca tras los acontecimientos de este fin de semana. El pasado domingo, tal y como habían anunciado el viernes, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera), es decir, el colectivo de presos de ETA, escenificó su adhesión al “Acuerdo de Gernika”. Un anuncio que acompañaron de la histórica reivindicación del acercamiento de los presos etarras al País Vasco, como primer paso hacia una futura amnistía, a la vez que reclamaron para su colectivo el reconocimiento de un papel activo en la resolución del conflicto vasco.
Un anuncio que fue recibido con esperanza por gran parte de la sociedad española, ya que supone sumarse a la voluntad expresada por la izquierda abertzale de renunciar a la violencia como medio para alcanzar fines políticos. En el arco político, tanto vasco como español, las reacciones fueron desde las más eufóricas provenientes de la propia izquierda independentista vasca, hasta las más desconfiadas del conservador partido popular, pasando por las moderadamente optimistas del gobierno y el Partido Socialista. Así, ayer mismo, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaraba que “es un paso significativo hacia el fin de la violencia, con toda la prudencia que exige que nos estemos acercando a ese momento”.
A pesar de todo, desde fuentes gubernamentales se considera insuficiente, tal y como lo expresaba el Portavoz del Gobierno, José Blanco, quien señalaba que no es el paso que la sociedad española desea “porque no es definitivo ni es el que anuncia el final de ETA". “Prudentemente satisfecho” se mostraba el candidato socialista a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque rechazó la posibilidad de una amnistía colectiva para los presos de ETA como estos han reclamado, no así individual en el marco de lo establecido en el Código Penal.
Desde la izquierda independentista vasca se reclamaron pasos concretos por parte del Gobierno central. Peio Urizar, de la coalición independentista Bildu, reconoció que estar a las puertas de una campaña electoral no es la coyuntura más favorable, pero señaló “que el Gobierno tiene posibilidades de hacer cosas sin que sean públicas". Y en un sentido radicalmente contrario se expresaba Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, que aseguraba no ver “un cambio sustancial”. “Lo decisivo es un comunicado de ETA diciendo que se disuelven”, manifestaba el más que probable próximo Presidente del Gobierno.
EL "ACUERDO DE GERNIKA" Y EL DEBATE EN ETA
Por “Acuerdo de Gernika” se conoce al "Acuerdo para un Escenario de Paz y Soluciones Democráticas" adoptado hace un año por la izquierda abertzale y otras fuerzas políticas y sociales vascas, con el fin de superar la violencia política que golpea Euskadi desde hace más de medio siglo. En él se solicita a ETA un “alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada”, cosa esta última aún no expresada por la banda.
Asimismo, reclama del Estado “el reconocimiento de todos los derechos civiles y políticos”, “el cese de la actual política penitenciaria” y “el levantamiento de las medidas prohibitivas de la actividad política a militantes y organizaciones independentistas”. A su vez, apuesta por el “uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas” y contempla la “necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas”.
El hecho de que el colectivo de presos de ETA se haya sumado a este acuerdo es muy significativo por diversos motivos. En primer lugar, porque históricamente ha sido un colectivo muy radicalizado y que insistentemente ha defendido la necesidad de la continuidad de la actividad armada.
En segundo lugar, por su número. Este colectivo representa a más de 700 presos que no han renunciado a su militancia en ETA. Una militancia que compartirían con unos 70 miembros en la clandestinidad y otro centenar refugiado en diversos países de América Latina. Un número, el de los presos, que supone una clara mayoría en el seno de la organización armada y que con cuya decisión se estima que sólo habrían manifestado disconformidad entre el 10 y el 15% de los reclusos. Y no habría que obviar la influencia que podrían tener otra treintena de presos que anteriormente se habían sumado al “Acuerdo de Gernika” tras abandonar la disciplina etarra y que ya disfrutan de beneficios penitenciarios en el penal de Nanclares de Oca, provincia de Álava.
Por tanto, esta decisión parece avanzar la conclusión del debate que desde hace meses se desarrolla en el seno de ETA y en el cual la decisión sobre la continuidad de la vía armada es la parte fundamental. Que haya sido el colectivo de presos quien primero se ha manifestado, da a entender que la cúpula de ETA ha dejado de controlar a sus miembros encarcelados, agobiados por los constantes golpes policiales y cansados de una cada vez más joven e inexperta dirigencia en la banda. En su lugar, sería la antigua Batasuna, bajo el liderazgo de Arnaldo Otegi, quien gozaría de más apoyos, primando hoy, después de mucho tiempo, el brazo político sobre el militar.
Tal es así que una de las personas del colectivo elegidas para escenificar la firma del Pacto de Gernika, acompañado de otros 27 ex presos, es muy significativa. Junto a Gloria Rekarte, encarcelada durante 20 años, estampó su firma Jon Agirre Agiriano, condenado en 1981 a 30 años de cárcel por el asesinato de tres personas, entre ellas un niño de 13 años, que siempre ha sido considerado uno de los duros del colectivo de presos. Un histórico etarra que el pasado mes de Mayo recobró su libertad tras cumplir condena sin haberse arrepentido y que podría evidenciar el ánimo de renuncia a la violencia por parte de los sectores más duros de ETA.
LA APARENTE RIGIDEZ DE ZAPATERO
Desde el gobierno se sigue manteniendo la línea de firmeza frente al proceso de paz, al menos públicamente. No sólo sigue negando la posibilidad de que haya ningún tipo de conversación con la banda armada o su entorno, sino que asegura que sólo espera el comunicado que ponga fin definitivo a la actividad terrorista. Así las cosas, las instituciones del Estado continúan con su actividad policial y judicial, aparentemente abstraídas del proceso.
Sólo así se entiende la reciente condena a 10 años de prisión que ha caído sobre Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales por el caso “Bateragune”, un intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna, y en cuyo accionar el tribunal ha considerado que recibían órdenes de ETA. Durante el juicio, el dirigente vasco manifestó reiteradamente que ETA “sobra y estorba” en la estrategia independentista, lo que no fue suficiente para evitar la condena. Ahora parece que es el propio Otegi quien se ha alzado con el liderazgo entre los presos de ETA y puede ser quien determine las conclusiones finales del debate interno de la banda.
En protesta por esta condena, 23000 personas salieron a la calle en Bilbao este sábado. Al final de la marcha se leyó un comunicado redactado por el propio Otegi en el que aseguraba que “existen todavía poderosas fuerzas instaladas en los diferentes ámbitos del Estado que manejan una agenda que tiene como único objetivo impedir la paz en Euskal Herria".
A pesar de la negativa a la apertura de conversaciones con ETA, parece difícil pensar que la aparente rigidez gubernamental sea un hecho a todos los niveles, especialmente cuando desde el propio gobierno se reconoce que se está “muy cerca del final”. Aunque difícilmente habrá pasos claros por parte de un gobierno al que le quedan pocas semanas de existencia. Todo apunta a una victoria conservadora en las elecciones del 20 de Noviembre y, por tanto, la gestión final del proceso de paz caerá en manos de Mariano Rajoy. En ese contexto habrán de fijarse las condiciones de una paz definitiva, en la que ETA exigirá, cuando menos, el cumplimiento de las condenas de sus presos en cárceles de Euskadi, así como la apertura de vías para el disfrute de beneficios penitenciarios y, por supuesto, la legalización del partido de la izquierda abertzale Sortu.
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