La Casa Real española se ha visto salpicada por un caso de corrupción que implica al marido de la Infanta Cristina, en una trama societaria destinada a apropiarse de fondos públicos. Una mancha en la monarquía española cuya situación actual analizamos en Observador Global.
La investigación del caso llamado “Palma Arena”, un caso de corrupción que afecta a la administración autonómica de las Islas Baleares, ha dado un giro inesperado que está conmocionando a la sociedad española. En él se ha visto implicado Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina, la segunda hija del Rey Juan Carlos I, también conocidos por el título de Duques de Palma.
Aunque aún no ha sido imputado y se continúa investigando su implicación, todo parece apuntar a que Urdangarin y su socio, Diego Torres, montaron un entramado societario para apoderarse de patrimonio público y privado a través del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro. En esta trama también estaría involucrada la promotora inmobiliaria Aizoon, propiedad de Urdangarin y de su esposa la Infanta Cristina.
La trama consistiría en la utilización de la posición de Urdangarin para facilitar la contratación de servicios con las administraciones públicas, de cara a la organización de eventos deportivos y congresos. Los pagos se efectuarían con facturas tanto falsas como infladas, cuyos ingresos se destinarían a una cuenta en el paraíso fiscal de Belice. Además de la administración del gobierno balear, también estaría implicada la de la Comunidad Valencia, investigada también por corrupción en la conocida como trama “Gürtel” y que costó el cargo al ex Presidente valenciano Francisco Camps.
En total, se podría estar hablando de más 8 millones de euros desviados que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública. Preocupante es el hecho de que en Abril de 2009, poco tiempo después de que el caso “Palma Arena” comenzara a implicar a altos cargos como el ex Presidente balear Jaume Matas, los Duques de Palma decidieran trasladar su residencia a Washington.
Iñaki Urdangarin declaraba ayer que defenderá su "honorabilidad e inocencia en este asunto desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta". Y desde la Casa Real únicamente se afirmaba su “respeto al trabajo de los jueces”.
MALOS TIEMPOS PARA LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
Este caso de corrupción, el primero que podría llevar a un miembro de la familia real ante los tribunales, abunda en los malos tiempos que atraviesa la monarquía española. Hace tiempo que la institución dejó de estar totalmente protegida por lo que se llamó el pacto de silencio mediático, una suerte de acuerdo tácito por el cual la familia real quedaba fuera de lo noticiable, más allá de lo que saliera de los propios servicios de comunicación oficiales. El debilitamiento de este pacto coincide en el tiempo con el acceso a la familia real de personas sin sangre azul, como son la esposa del Príncipe de Asturias, Letizia Ortiz, y el propio Iñaki Urdangarin.
Así las cosas, ciertos debates se van abriendo en la sociedad española, aunque sea mínimamente. Cada vez son más las voces que señalan que en el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, existen aspectos sin aclarar que implicarían al Rey en mayor o menor medida. De igual manera, los múltiples intereses económicos de la familia real en América Latina empiezan a ser conocidos. Y también la prensa del corazón comienza a especular sobre aspectos de la vida privada del monarca que erosionan la institución.
Más llamativa es la campaña en contra del Rey que desde hace años dirigen ciertos sectores de la derecha mediática española. Acusándole de favorecer los intereses del Partido Socialista, hace ya años que algunas voces solicitan su abdicación en favor de su hijo Felipe. El más beligerante en este aspecto es el periodista Federico Jiménez Losantos, durante años la voz más importante de la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal COPE. El locutor llegó a declarar sobre el Rey que “los que le vimos respaldar la negociación con ETA admitimos el brumoso poder que le otorga la Constitución, pero difícilmente le concederemos autoridad moral”.
La realidad es que los rumores de abdicación en favor del Príncipe de Asturias van in crescendo, junto con las especulaciones en torno a su estado de salud. En los últimos tiempos, Juan Carlos I, de 73 años, ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas, una de rodilla hace pocos meses y otra para extraerle un nódulo pulmonar benigno en 2010. Fue esta intervención, junto con varias apariciones públicas en las que presentaba un aspecto muy desmejorado, lo que desató el rumor de que padeciera cáncer. En todo caso, lo que sí es un hecho es que el Príncipe de Asturias va ganando protagonismo en la representación institucional en los últimos años.
Ya sea por abdicación o por fallecimiento, la transición del reinado de Juan Carlos I al de su hijo, que reinará con el nombre de Felipe VI, será un momento delicado. Y es muy probable que Felipe no goce de un reinado tan cómodo como el que tuvo su padre a partir de la consolidación de la democracia en España.
Independientemente de que la institución monárquica parezca extemporánea en un Estado democrático, no es menos cierto que Juan Carlos I goza de una legitimidad política adquirida como impulsor de la transición desde la dictadura de Francisco Franco hacia la democracia. Un proceso con muchos claroscuros, pero que le otorga cierto grado de legitimidad y protagonismo en la construcción del actual sistema democrático español. Una legitimidad que reconocen incluso sectores del republicanismo, hasta tal punto que ya hace años se acuñó el término “juancarlismo” para definir a aquellos que, sin ser monárquicos, apoyan la gestión de Juan Carlos I durante su reinado. Pero, lógicamente, es una legitimidad que no es heredable como la Corona y que supondrá un duro hándicap en el reinado de Felipe de Borbón.
Junto a ello, la opinión pública comienza a variar su visión de la monarquía. Durante años fue una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía española. Pero los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas dan un suspenso en la valoración de la Corona por primera vez. Que los casos de corrupción comiencen a salpicar a la familia real no ayudará a mejorar esa percepción. Lo cual apunta a un previsible crecimiento del aún muy débil movimiento republicano en España. Por tanto, no es descartable que, a medio o largo plazo, sea la institución monárquica quien acabe pagando la factura de la crisis y de la creciente desafección de la ciudadanía hacia su élite política.
